La crisis del agua que se ha agudizado este verano en los municipios del levante insular ha abierto de par en par el debate sobre las medidas a tomar para mejorar la gestión y reducir la presión sobre las masas subterráneas de agua. Más allá de la imprescindible toma de conciencia de ciudadanos, sectores económicos y administraciones sobre el uso que hacen de un recurso escaso, es evidente la necesidad de invertir en infraestructuras. ¿Pero cuál es el coste económico –y medioambiental– de las alternativas que hasta el momento se están poniendo sobre la mesa?
En el último pleno del Ayuntamiento de Maó el Grupo Popular planteó dos posibles soluciones, construir una nueva desaladora en la zona de Llevant o canalizar el agua desalada desde la existente en Ciutadella. Tras consultar a expertos en la materia, el concejal de Recursos y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Maó, Rafa Muñoz, ofreció algunos datos que contribuyen al análisis comparativo de esas alternativas con la que, a la vista de los números y de las repercusiones medioambientales a largo plazo, defiende el equipo de gobierno, la construcción de una estación de regeneración en la depuradora de Maó-Es Castell para aprovechar la enorme cantidad de agua depurada que cada año se vierte al mar.
El coste estimado de construir una nueva desaladora en la zona de Llevant podría ascender, teniendo en cuenta el encarecimiento de los precios actuales (la de Ciutadella terminó costando 80 millones hace más de una década) y considerando un periodo de amortización de 20 años, a los 120 millones de euros, más un coste de operación de 3,5 millones; mientras que el coste de esa estación para purificar el agua depurada y aprovecharla para diversos usos se quedaría en unos 40 millones de euros, una tercera parte, sin tener en cuenta que la demanda de electricidad de una planta desaladora, aproximadamente el equivalente a la producción de una planta fotovoltaica de casi ocho megavatios de potencia pico (MWp), es ostensiblemente superior al de una estación de regeneración, que se podría abastecer con una planta de tan solo un megavatio pico.
Se estima que añadir la instalación de regeneración a la depuradora de Maó-Es Castell permitiría recuperar 1,4 hectómetros cúbicos al año. La planta desaladora del caso que nos ocupa estaría dimensionada para un potencial de producción de 3,5 hectómetros cúbicos, igual que la de Ciutadella, que doce años después sigue abasteciendo menos de un hectómetro cúbico. Para hacerse una idea de lo que representan ese volumen de agua hay que tener en cuenta que la demanda anual de abastecimiento urbano en la ciudad de Maó roza los 2,2 hectómetros cúbicos.
El cálculo del agua depurada que se vierte al mar en el conjunto de la Isla asciende a alrededor de los siete hectómetros cúbicos, cuando la demanda total para el consumo urbano en los ocho municipios menorquines es de 11,5. Por ello Muñoz plantea, dentro de la visión insular que defienden de la problemática del agua, que este tipo de estación de regeneración se añada a todas las depuradoras de la Isla.
En este punto, y antes de entrar en los efectos que tendría para el precio final del agua la construcción de una depuradora, hay que tener en cuenta la directiva marco de la Comunidad Europea en política de aguas, que en su artículo 9 insta a los estados miembros a repercutir los costes de los servicios relacionados con el abastecimiento de agua, es decir, a internalizar en el precio todos los costes que supone hacer llegar agua a las casas, incluidos incluso los medioambientales.
La directiva en estos momentos no se está cumpliendo. Un ejemplo lo da Ciutadella, donde se calcula que el coste final del metro cúbico de agua debería ascender a 2,14 euros, mientras que en estos momentos ronda los 0,8 euros. Se puede decir que el agua es en estos momentos un servicio subvencionado, pero los responsables de la materia tienen claro que tendrá que terminar encareciéndose.
En el momento en que se cumpliera, y teniendo en cuenta los costes de operación y amortización, una nueva planta desaladora haría subir el precio final a alrededor de los tres euros el metro cúbico, cuando en la actualidad el precio se sitúa, siempre en función de los consumos, en torno a los 1,5 euros. En el análisis presentado, también se hace una estimación del coste de canalizar agua de la desaladora de Ciutadella hasta la zona de Llevant. Su precio rondaría actualmente los 35 millones de euros y se calcula que el coste final para los consumidores, incluyendo los precios de distribución final, rondaría los cuatro euros por metro cúbico, un encarecimiento ostensible que acercaría a la Isla a las cifras de otros países del norte de Europa.