El Govern balear aprobó, este lunes, el Decreto ley de medidas urgentes que garantiza la escolarización gratuita 2-3 años en las Islas. Aunque la medida ha sido aplaudida por las familias, los consistorios de Menorca insisten en que disponen del tiempo justo para resolver algunas incógnitas y para realizar las modificaciones pertinentes en las ordenanzas municipales.
«La gratuidad 2-3 es una buena noticia, es algo que pedíamos desde hace tiempo», asegura Gràcia Mercadal, regidora de Educación del Ayuntamiento de Ciutadella. Al mismo tiempo, reconoce que la medida «supone muchos inconvenientes administrativos, teniendo en cuenta el tiempo del que disponemos».
El 1 de septiembre de 2022, la gratuidad de la escolarización de los alumnos matriculados y, por tanto, la suspensión del cobro de las tasas o de los precios públicos de las ‘escoletes' debe ser efectiva. Sin embargo, los consistorios todavía no han recibido el convenio que deben firmar junto con el Govern «para revisar qué compromisos conlleva».
Estas son palabras de Tiago Reurer, regidor de Educación del Ayuntamiento de Alaior, quien asegura que «aún esperamos que el Govern deje claro qué aportaremos los Ayuntamientos, qué recibiremos, cuándo lo recibiremos y de qué manera». En este sentido, afirma estar «a la expectativa» y «preocupado» porque «las modificaciones de los reglamentos locales pueden crear inestabilidad en las arcas municipales, al estar los presupuestos del año cerrados».
Solo cubre cuatro horas diarias
El Govern balear aportará a los ayuntamientos 45.000 euros anuales por cada aula de 2-3 años para cubrir los gastos durante el horario ordinario de escolarización de esta etapa educativa, un mínimo de cuatro horas durante diez meses. A este respecto, Leonor Berja, directora insular de Educación, subraya que «el Govern se hará cargo de cuatro horas, pero los ayuntamientos deberán responsabilizarse del resto».
Agrega que «este Decreto se ha aprobado de manera precipitada y nos falta tiempo para gestionarlo». Lamenta que «hay mucha incertidumbre» porque «el convenio que deben firmar el Govern y los ayuntamientos no se ha publicado y, sin saber los criterios, no pueden empezar a actuar». En este sentido, Leonor Berja declara que tienen «mucho trabajo por delante» y que tanto el Consell como los ayuntamientos trabajarán todos a una.