Se estaba haciendo el remolón pero finalmente no le ha quedado otra. El Consell insular ha ordenado desde este mes de agosto la preceptiva revisión de tarifas del servicio público regular de transporte, que solo se aplica a los billetes sencillos (no a las tarjetas de abono), afecta de forma desigual a las distintas líneas de autobús y no satisface lo más mínimo a las empresas concesionarias del servicio, que tildan la subida aplicada de «totalmente insuficiente» dado el aumento de los costes de explotación, en palabras de Isidro Bellota, gerente de Autocares Torres.
El incremento de precio es mínimo e incluso no se computa este año en muchas rutas. Al Consell insular no le quedaba otra que aplicarlo (de hecho lo tenía que haber hecho en el primer semestre) y a las concesionarias, que acatarlo, ya que cumple con la normativa en la materia, que basa el recálculo en la media del IPC del año 2021, antes de que se produjese el espectacular incremento en los precios del combustible y de otros costes de operación.
El Consell aplica un coeficiente distinto para el incremento de tarifas en función de las áreas de concesión en que se divide la Isla, el kilometraje y el número de viajeros, pero hay un factor más determinante, el redondeo. Un ejemplo. Un billete que costaba 2 euros, si toca que pase a valer 2,02 euros, se redondea a la baja y no sufre incremento, acumulándolo para el año próximo, cuando sí se espera un aumento importante de los precios.
Ello hace que en algunos casos este año se acumulen subidas aplazadas. Llama especialmente la atención la subida de precio en las líneas L-1 y L-14 (Maó-Ciutadella), cuya tarifa pasa de 5,40 euros a 5,75 euros. Es el viaje más caro y el que más sube de precio. Otras como la L-64 y la L-61 se quedan intactas.