Jarro de agua fría para el Consell en el proceso para sacar adelante la licitación de las nuevas concesiones del servicio público de transporte por carretera, convertido ya en un auténtico viacrucis administrativo del que no se puede adivinar el final. Los servicios jurídicos de la institución han advertido al departamento de Movilidad de que los cambios que está llevando a cabo en la valoración económica de las bases del concurso obligan a dar marcha atrás y retrotraerse a la aprobación inicial del anteproyecto, que tras años de trámites se logró sacar adelante en el pleno del mes de octubre de 2021.
A falta solo de la resolución jurídica oficial, este diario ha podido confirmar con la propia consellera de Movilidad, Montse Morlà, que ya se da por hecho este importante paso atrás en el procedimiento. Ello implica volver a aprobar el documento de forma inicial, abrir un nuevo periodo de exposición pública de un mínimo legal de 30 días hábiles, resolver las alegaciones que se presenten y elevarlo a aprobación definitiva, paso imprescindible antes iniciar el proceso de licitación, que siempre se puede encontrar con complicaciones como recursos de las empresas interesadas.
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Esa es otra cosa interesante de la administración: muchas veces el político no pinta un carajo en la gestión, más allá de las semanas previas a las elecciones y quién manda son funcionarios de alto y medio rango, que hacen y deshacen a su gusto y pueden reventar cualquier iniciativa o demorarla sine die, por la cara, en base a una gerigonza juridico-nornativa indescifrable que dice blanco y negro a la vez. Y si el funcionario es del color contrario al político, olvídate, aunque pueda ser una buena iniciativa o solución, que no se si es el caso...