Los propietarios de Binissafúller Roters se niegan a pagar las contribuciones especiales con las que el Ayuntamiento de Sant Lluís pretende realizar un proyecto de mejora de las infraestructuras en este núcleo. Alegan que el Consistorio «pretende imputar la casi totalidad del coste de las obras, un 90 por ciento, con un presupuesto que se eleva a 4,75 millones de euros» a los vecinos porque no dispone de los recursos económicos necesarios para afrontar el coste de la iniciativa.
Los afectados advierten que las contribuciones especiales no se han aplicado nunca en el municipio y que hacerlo ahora supondría «una vulneración del principio de igualdad». También critican que el gobierno local asegure que no dispone de alternativas viables para cubrir los costes de ejecución del proyecto cuando el año pasado invirtió «una cantidad importante», más de dos millones de euros, en la adquisición de Sa Tanca, el inmueble inacabado en la entrada a Sant Lluís.
La intención municipal es que, con esta iniciativa para dotar de servicios a la urbanización, se completen y sustituyan algunas infraestructuras ejecutadas entre los años 1960 y 1965 que, después de todos estos años en funcionamiento, han quedado obsoletas y han finalizado su vida útil. Las obras comprenden actuaciones en la red viaria, las redes de saneamiento y aguas pluviales inexistentes en la actualidad, la red de distribución de agua potable, la telefonía, la electricidad y el alumbrado público.
El Ayuntamiento de Sant Lluís ha organizado una consulta pública previa a la imposición y ordenación de las contribuciones especiales para conocer las opiniones y propuestas de la población antes de mañana lunes. En la memoria de esta consulta pública, la corporación local insiste en que «los ciudadanos deben financiar, en parte, dichas obras, de tal forma que sin su aportación económica no se podrían realizar, puesto que no podrían ser asumidas íntegramente por el presupuesto municipal».
El presidente de la asociación vecinal de Binissafúller Roters, Guillem Mercadal, asegura que, desde que la urbanización fue recepcionada por el Ayuntamiento en el año 2000, no se han efectuado obras de mantenimiento significativas. La carencia de inversiones en todo este tiempo, indica, ha contribuido al deterioro del núcleo urbanizado. Concluye que si el Consistorio decidiera imponer esas contribuciones especiales a los vecinos por primera vez en el municipio, debería asumir, como mínimo, el 50 por ciento y los sobrecostes.