El Consell, los ocho ayuntamientos de la Isla y el Observatorio para la Infancia y la Familia han elaborado tres alegaciones a la propuesta de convenio enviada la semana pasada por el Govern balear para la aplicación de la gratuidad en cuatro horas diarias del último curso de la primera etapa de la Educación Infantil, es decir, para los niños de dos años.
La principal reticencia que expresan las administraciones de la Isla al texto entregado el martes por el Govern es que, en aplicación del decreto ley del 16 de agosto, conlleva un incremento de las ratios máximas en las aulas, es decir, promueve la masificación de esta oferta educativa.
Según exponen las alegaciones, para que un centro tenga derecho a obtener la financiación de la gratuidad de una segunda aula, en esta etapa debe tener matriculados al menos 21 alumnos y, para una tercera, 41 alumnos. Esto supone, en la práctica, que la ratio máxima para poder aplicar la gratuidad pasa a ser de 20 alumnos y no de 18, que es la cifra de ratio máxima con la que se trabaja en la actualidad, en aplicación del decreto autonómico sobre la educación infantil aprobado hace dos años.
Ahora mismo, solo se autorizan 20 alumnos en un aula de P2 en casos excepcionales y si la medida está debidamente justificada. «Lo que es una excepción que se debería justificar, se convierte en la norma», exponen los autores de las alegaciones surgidas desde Menorca en relación al contenido del convenio.
En las alegaciones se argumenta que esta condición supone «un claro retroceso en la calidad educativa del primer ciclo de Educación Infantil». Si un centro decidiera desdoblar aula antes de alcanzar los 20 alumnos, tendría que financiarla son sus medios, algo que se entiende como «totalmente inconcebible» en una escoleta. Consell, ayuntamientos y Observatorio recuerdan que las ratios máximas «tienen una relación directa con la calidad educativa», más decisiva aún en edades tan tempranas. El conseller Miquel Àngel Maria afirma que esta pretensión del Govern es «un ataque directo» al alto nivel de calidad alcanzado en la Isla. Consideran que este aspecto del convenio es «preocupante y grave», ya que la gratuidad no puede ir en detrimento de la calidad. Además, añaden, los centros ya habían confeccionado los grupos para el próximo curso 2022/2023 atendiendo a los criterios anteriores cuando se anunció la medida.
Las otras alegaciones tienen un carácter más formal y obedecen a inconcreciones en la redacción, que pueden dar a entender, por ejemplo, que las cuotas por tramos son para todo el centro.