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Ciutadella requiere a Costas que actúe en el alquiler ilegal de barcas

Insiste al ente público para que retire las de la empresa que ejerce sin licencia en Cala Galdana

La caseta de la empresa, retirada por la Policía Local, permanece junto a la prefectura de Ciutadella | Josep Bagur Gomila

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El Ayuntamiento de Ciutadella ha requerido a la Demarcación de Costas en Balears que actúe con la determinación necesaria para impedir que la empresa Monkey Boats, de alquiler de barcas sin patrón, con sede en Serpentona, siga explotando el negocio en el torrente que la separa de la de Cala Galdana. A diez días del final de la temporada, nada ni nadie ha impedido que mantenga el negocio pese a hacerlo en precario y sin permiso.

Desde el área de Disciplina Gubernativa han insistido al organismo público para que retire las embarcaciones de esta empresa, actualmente fondeadas en el torrente. Costas le anuló la licencia a principios de agosto por el impago del canon correspondiente y el alquiler de más barcas de las que estipulaba la licencia.

El Ayuntamiento, ante los requerimientos no atendidos a su propietario para que dejaran de ocupar la vía pública al carecer de permiso para el negocio que explotan, procedió a desmontar la caseta donde vendía las excursiones, situada en el Passeig del Riu. Esta retirada, y la prohibición expresa de la fuerza pública de que siguiera utilizando la rampa de acceso al mar para introducir y sacar las barcas, no ha coartado a la empresa, que ha seguido trabajando todo el verano. Ha utilizado otros canales de comunicación e incluso dos taburetes en la misma calle donde tenía la caseta para seguir alquilando las barcas.

Es por ello que el Ayuntamiento ha insistido a Costas, sin éxito, para que retire las barcas que la empresa mantiene fondeadas en el torrente y evitar así el uso de la rampa. La Guardia Civil ha acudido en ocasiones y ha identificado a los trabajadores de la empresa, también lo han hecho los dos inspectores de la Demarcación de Costas en Menorca que han elaborado sus informes, pero la propiedad ha hecho caso omiso porque sigue disponiendo de las embarcaciones sin que el organismo público se lo haya impedido.

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