Seis días después de que este diario publicara las imágenes con los restos de animales enterrados de forma irregular en el vertedero de Milà, el Partido Popular de Menorca ha convocado a la prensa para pedir explicaciones a la presidenta, Susana Mora, y al conseller de Medio Ambiente, Josep Juaneda, sobre «la ausencia de vigilancia y control» en el área de tratamiento de residuos.
La presidenta de los populares, Coia Sugrañes, ha pedido «máxima transparencia»: «Algo no está funcionando en Milà y el tripartito o bien no se ha enterado o bien lo sabía y no había hecho nada. Ambos supuestos son muy graves», ha declarado, «esta forma de hacer las cosas es inaceptable e impropia de una Reserva de Biosfera».
Ante los medios ha formulado una batería de preguntas: «¿Qué ha pasado para que los restos animales no hayan sido incinerados y hayan acabado en el vertedero sin ningún control? ¿Desde cuándo sabe el Consell que se producen estas malas prácticas? ¿Cuántas toneladas de animales han sido enterradas en el vertedero? ¿Quién controla el trabajo de la UTE que gestiona el vertedero? ¿Hay protocolos y mecanismos de control para vigilar el cumplimiento del contrato? ¿Puede el Consell asegurar que se están cumpliendo las normativas? ¿Todo lo que está pasando es propio de una Reserva de Biosfera?».
Sugrañes afirma que «la gestión de es Milà no es un problema de falta de recursos, es un problema de gestión y de prioridades políticas, hacen ver que son los más ecologistas cuando los hechos demuestran lo contrario». En la misma línea, el conseller Adolfo Vilafranca destaca que la reducción del número de toneladas que se incineran por la vía legal apunta a que «no estamos ante un hecho puntual ni reciente» y recuerda que la contrata del servicio gestiona un presupuesto de 80 millones de euros.
Basura enterrada sin reciclar
A raíz de las imágenes, los populares han llamado la atención sobre la gran cantidad de bolsas de basura sin abrir y residuos plásticos que aparecen en el vertedero sin haber sido separados para su reciclaje, lo que pondría en cuestión el funcionamiento de la planta de tratamiento que, en teoría, debe identificarlos y separarlos de forma automática. También critican la presencia de bolsas de residuos sanitarios sin abrir, aunque en este caso la normativa prevé que puedan ir directamente al vertedero.