Las empresas constructoras no ven clara la rentabilidad de ejecutar obras públicas debido a que los presupuestos de licitación no están actualizados al aumento «desorbitado» de los precios de los materiales, del combustible y la energía. Alegan que hoy en día ejecutar obra pública supone un riesgo de acabar asumiendo unos sobrecostes, que hacen que no acabe compensando o que directamente supongan pérdidas.
Y es por ello, aseguran, que proliferan las licitaciones que están quedando desiertas, «un hecho insólito que nunca antes había sucedido». De hecho, la Asociación de Constructores de Balears cuantifica que este año han quedado sin adjudicar, por falta de ofertas, hasta 10 obras públicas en Menorca, con un valor de 5,34 millones de euros. En Balears, según sus cálculos, los proyectos públicos en las que las empresas no han concursado ascienden a 57, por un importe total de 58,6 millones de euros. Se trata de obras que han quedado desiertas en su primera licitación, y algunas de ellas se han adjudicado en segunda ronda tras una revisión al alza del presupuesto de licitación.
En el caso de Menorca, las obras que han quedado desiertas corresponden dos al Ibavi, una al Consell de Menorca, tres del Ayuntamiento de Maó, una al de Ciutadella (que ha quedado desierta dos veces), otra al consistorio de Es Castell, una al de Es Mercadal y una última a Sant Lluís.
La mayoría de proyectos afectados son de mejora de la vía pública, pero también aparece la primera licitación desierta de la reforma del tramo de la carretera entre Alaior y la Argentina, así como proyectos de alcantarillado y el de la construcción de la promoción de pisos sociales en Fornells.
Los constructores de Balears emplazan a las administraciones públicas a que resuelvan el problema y actualicen precios, «tal y como exige la Ley de Contratos del Sector Público». Denuncian que las empresas han asumido «unos sobrecostes enormes» por el aumento de precios que se han encarecido en las Islas más del 30 por ciento, según datos del INE.
Asimismo lamentan que el decreto de revisión de precios estatal excluyen al 86 por ciento de las obras públicas de las Islas, ya que está enfocado a los grandes proyectos. Y critican que el decreto autonómico de compensación anunciado todavía no se pueda aplicar, por lo que con todo «las constructoras se encuentran en una situación de fragilidad e incertidumbre absoluta» y en el caso de las obras ejecutadas «han tenido que asumir unos sobrecostes que no están siendo compensados» y en el caso de los futuros proyectos muchos quedan desiertos, con los inconvenientes que ello supone. Por un lado, retraso o incluso paralización en la ejecución de proyectos importantes para la ciudadanía y, por el otro, la reducción de la actividad económica, que acaba afectando al número de trabajadores contratados.
«Somos los primeros que deseamos trabajar, pero con unas condiciones que no pongan en peligro la viabilidad de las empresas ni los puestos de trabajo de nuestras plantillas. Con las obras desiertas salimos perjudicados todos», afirma la presidenta de la Asociación, Fanny Alba.
Con todo, reclaman «la urgencia de establecer un sistema automático de reequilibrio de precios que permita hacer frente a estos sobrecostes y tenga en cuenta las alteraciones posteriores», ya que entienden que ello «dota de estabilidad a los contratos». Asimismo piden al Govern que cumpla los acuerdos de la Mesa Social y publique, «sin más dilación», los parámetros y la metodología para poder presentar las reclamaciones vía decreto autonómico para poder acceder a una revisión. Y a la vez, solicitan a los ayuntamientos que que tramiten las reclamaciones de revisión excepcional de precios.
Proyectos Next Generation
Los constructores alertan que si hasta ahora han quedado desiertas multitud de obras públicas temen que cuando salgan a licitación todos los proyectos financiados con los fondos europeos de Next Generation,pueda pasar lo mismo sino se establecen y aplican medidas para garantizar una revisión y actualización de los precios.