Los ayuntamientos tienen la potestad de blindar «áreas y ámbitos» en el interior de sus cascos urbanos y también de los núcleos residenciales no turísticos contra la implantación de nuevas plazas de alojamiento. Así lo establece el Plan Territorial Insular (PTI), que en el punto segundo del artículo 50 da la opción a los Consistorios de modificar los planes generales de ordenación urbana para frenar en seco la proliferación de nuevos hoteles –las nuevas licencias para viviendas vacacionales ya están prohibidas fuera de las zonas turísticas– en «cualquier modalidad».
Como la zonificación del alquiler turístico ya impide nuevas plazas de alojamiento en los llamados núcleos tradicionales, los pueblos y las urbanizaciones consideradas residenciales, en la práctica esta facultad municipal –que ya figuraba en el PTI aprobado en diciembre de 2020 y se mantiene en el redactado final– va dirigida solamente a dos tipologías de establecimiento, los hoteles de ciudad y los llamados oficialmente establecimientos de turismo de interior, más conocidos comercialmente como hoteles-boutique.
Mientras los primeros tienen muy limitada su implantación –de hecho apenas se ha abierto nueva oferta en los últimos 15 años–, los segundos están viviendo un rápido crecimiento, un auténtico ‘boom' sobre todo en los centros urbanos de Maó y Ciutadella. Los datos históricos del registro oficial de este tipo de establecimientos son muy llamativos en ese sentido. En el año 2014 había en toda la Isla solamente siete, con una capacidad de 91 plazas de alojamiento. Ahora –al menos hasta el pasado mes de mayo– hay 60 que suman 862 plazas. La capacidad de alojamiento en esta tipología hotelera se ha multiplicado casi por diez en apenas ocho años y más del 80 por ciento de la oferta se concentra en Maó y Ciutadella, con especial incidencia en la ciudad de Ponent, donde están más de la mitad de los hoteles-boutique.
Objetivos
Ambos municipios tienen vía libre a través del «planeamiento municipal» para frenar en seco a ese crecimiento amparándose en el PTI, que introduce esta posibilidad con una lógica similar a la que ha llevado al Consell a impedir nuevas plazas legales de alquiler turístico en los centros urbanos y las urbanizaciones residenciales: «evitar la expulsión de la población residente de los núcleos urbanos tradicionales» y la «suburbanización o residencialización de los espacios turísticos», lo que en palabras más comprensibles se refiere a frenar la tendencia detectada por el Consell a que cada vez más residentes fijen su vivienda habitual en las zonas turísticas.
El texto normativo del PTI también defiende que esta potestad municipal tiene el objetivo de «asegurar la sostenibilidad de utilización de las infraestructuras y redes existentes, así como el acceso a los equipamientos comunitarios», además de «preservar la identidad y tipologías edificatorias características».