Los ayuntamientos de Menorca se van a ver obligados a incrementar las tasas de basuras que cobran a sus ciudadanos a partir del próximo año en cantidades que, en determinados municipios, pueden resultar muy importantes. Es la consecuencia de la subida en el coste que aplica el Consorcio de Residuos y Energía de Menorca, según consta en la previsión presupuestaria de la que deberá ser su aportación en 2023.
Los dos conceptos principales que disparan las partidas son los relativos a las mejoras introducidas en la red de deixalleries, mancomunada con todos los municipios, que aún debe licitarse, y en la implantación del nuevo canon de basuras que imponen las normativas autonómicas y estatales. Sumando ambos -441.497 euros del primero y 320.122 del segundo-, los ocho ayuntamientos abonarán en conjunto 761.619 euros más al Consorcio en relación al año pasado, dado que el Consell duplicará su aportación con otros 610.000 euros para el servicio de deixalleries con los que atenuar la subida y evitar que la repercusión sea todavía mayor en los municipios.
La mejora de las condiciones laborales de los trabajadores de la red en aplicación del nuevo convenio autonómico sectorial, la renovación de contenedores y la colocación de puntos móviles complementarios a los fijos justifican el aumento por este concepto, explica el Consell.
Nuevas subidas en el horizonte
Pese a estas novedades al alza, con toda seguridad el coste aún será superior para las arcas municipales porque deberá contemplar las inversiones que se han hecho en las instalaciones de la planta de tratamiento mecánico-biológico de Milà, únicas en la isla, inauguradas el pasado abril, que procesan los residuos generados por toda la población menorquina.
«Las previsiones de estas inversiones están hechas en el estudio económico original igual que su recuperación con las tarifas durante los 25 años de concesión», explicó ayer el director insular de Medio Ambiente, Esteve Barceló. Tanto las tarifas para cada tipo de tratamiento como el sistema de revisión de precios «viene estipulado por contrato», precisó sin revelar las sumas.
Aumento desigual por municipios
El incremento por estos dos conceptos de red de deixalleries y canon de vertidos no es uniforme sino que va en función del servicio que se presta a cada Ayuntamiento según población y gestión de residuos. Se mueve en una horquilla entre el 4,5 por ciento de Es Migjorn y el 58 por ciento de Alaior. La mayoría está en torno al 20 por ciento.
La subida de la carga impositiva al ciudadano en lo que paga por la tasa de basuras, en 2023, en todo caso, no corresponderá exclusivamente a la del Consorcio sino que esta irá en consonancia también con el servicio de recogida de cada ayuntamiento, que es el importe más costoso, a excepción de Es Migjorn y Ferreries, a quienes se lo presta el propio organismo adscrito al Consell y del que forman parte los ocho ayuntamientos.
Un millón más para el 'puerta a puerta' en Maó
En Maó y Es Castell se prevé un aumento todavía superior dada la próxima implantación de la recogida de residuos puerta a puerta. Si en el año que finaliza la suma presupuestada para este servicio en Maó fue de 1.962.917 euros, para el próximo se incrementa en casi un millón de euros más (2.939.805, total). Es Castell declinó ayer ofrecer ningún dato al respecto.
La ley balear de residuos de 2020, al igual que otra anterior de rango estatal, indica que los ayuntamientos no pueden asumir déficit en los servicios sino que el coste debe ajustarse a la tasa que se cobra a cada ciudadano. La norma, que hasta ahora no se había aplicado, incorpora un concepto de la Unión Europea en este sentido por el que es el ciudadano quien debe hacerse cargo de sus residuos, lo mismo que del consumo de agua, contaminación… sin que sean las instituciones quienes soporten posibles pérdidas.