El Govern balear sigue acumulando negativas de las instituciones del Estado en su propósito de derribar el obelisco de la Plaça Esplanada, de Maó, lo que puede abocarle a tener que acudir a los juzgados para hacer cumplir la ley de memoria y reconocimiento democrático de Balears. El monumento está incluido en la relación de aquellos que todavía permanecen en el Archipiélago con elementos de simbología franquista para que sean retirados lo más pronto posible en cumplimiento de la norma autonómica de 2018, sea cual sea su titularidad.
El Ministerio de Defensa, que lo es de este monumento situado en un lado de la céntrica plaza mahonesa, ha comunicado en varias ocasiones su negativa a derrocarlo al estimar que actualmente cumple con las exigencias de la ley estatal de Memoria Histórica de 2007, puesto que en 2009 se suprimieron las alusiones al franquismo, se modificó el escudo por el emblema constitucional y se cambió el lema. En estos términos respondió la ministra Margarita Robles el pasado mes de mayo en una sesión del control del Senado a una pregunta de la senadora de Esquerra Republicana, Elisenda Pérez Esteve.
El último episodio en el Senado
La semana pasada las intenciones del Govern chocaron con otro frente que obstaculiza la aplicación de la ley autonómica. El Senado, con los votos en contra del PSOE, rechazó por mayoría las enmiendas presentadas por el senador balear, Vicenç Vidal, que habían sido consensuadas previamente con el secretario autonómico de Memoria Democrática, Jesús Jurado, referidas a monumentos de simbología franquista. Entre ellas se incluían la de declarar el obelisco de la Esplanada contrario a la memoria democrática, y otras que pretendían proteger espacios de Memoria, como el fortín de Illetes, en Calvià, o la casa de Emili Darder, último alcalde republicano de la ciudad de Palma.
El secretario autonómico del Govern en Memoria Democrática justifica la postura del PSOE nacional en que «quizás ven que ya está contemplado en nuestra ley autonómica, pero nosotros pensamos que al depender de Defensa, para que todo quedara claro, debía aparecer también en la ley estatal». De hecho, si hubiese sido incluido en la ley sobre la que se está trabajando el trámite para su derribo habría sido mucho más rápido. La propia ministra de Defensa, Margarita Robles, dijo en mayo que si la ley de Memoria Democrática exigiera alguna modificación, el Ministerio de Defensa cumpliría con ello, que es lo que pretendían las enmiendas presentadas por el senador balear la pasada semana.
Requerimientos e insistencia
Desde el Govern la estrategia tras las negativas sucesivas que mantienen en pie el obelisco es seguir insistiendo junto al Ayuntamiento de Maó y Consell ante Defensa para obligar a que se ejecute su derribo «porque según nuestra ley está obligado a hacerlo».
La secretaría autonómica está enviando requerimientos y recordatorios a todas las instituciones de quienes dependen estos monumentos en Balears para indicarles que la ley autonómica prevé que sean retirados lo antes posible. «Es cierto que se han retirado muchos pero quedan placas, nombres de calles y anomalías como el obelisco de la Esplanada de Maó que deben retirarse».
Si las negativas persisten, el Govern acudirá a la vía administrativa, «e incluso podríamos hacerlo nosotros directamente pero antes esperamos un entendimiento con el Ministerio de Defensa para no llegar a este extremo», señala Jesús Jurado. En todo caso, «nuestra línea es llegar hasta las últimas consecuencias, incluso si tenemos que acudir a los juzgados lo haremos para hacer cumplir nuestras normas autonómicas».