En el año 2006 se inauguraba el entonces nuevo horno incinerador de Milà para que Menorca contara con una instalación para la eliminación de cadáveres de animales enteros y de Material Específico de Riesgo (MER), fundamental para poder dar respuesta a las disposiciones de la normativa europea en materia de prevención de enfermedades como la de las vacas locas. 16 años después el horno sigue siendo el mismo y desde 2016 se viene evidenciando que no es adecuado ni está dimensionado para cumplir con las exigencias del contrato del servicio que gestiona la UTE Es Milà, esto es, la incineración de todos los residuos no peligrosos de matadero, los ‘sandach'.
La no adecuación del horno es precisamente uno de los motivos que esgrimió el Govern para aprobar la resolución que declara Menorca zona remota, lo que la exime de tener que incinerar los residuos animales no peligrosos. Esa resolución fue prorrogada el año pasado con el argumento de que todavía persiste la inexistencia de instalaciones suficientes y adecuadas. Pero, ¿por qué no es adecuado? Porque su extraordinaria demanda de combustible para poder quemar los ‘sandach', generalmente vísceras con una gran cantidad de líquido, hace que el precio sea desmesurado.
«La tarifa desproporcionada de incineración de Milà tiene su origen en el tipo de horno instalado (...) tiene unos requisitos de combustible tan altos para funcionar que de algún modo es lo que justifica su coste (...) el horno no es el adecuado teniendo en cuenta la gran cantidad de residuos que tendría que quemar», explica Sandra Moll, concejal del matadero de Ciutadella en su intervención recogida en el acta del pleno celebrado el 21 de septiembre de 2017, en que se aprobó una moción de UPCM para reclamar al Consell una solución a la desorbitada subida de los precios del tratamiento que estaba ahogando al Ayuntamiento, responsable directo de la gestión del matadero.
En relación a la insuficiencia de capacidad del horno incinerador, recordar que el horno tiene una capacidad nominal prevista de 500 toneladas al año (así figura en los pliegos del contrato de concesión y en la página web de la concesionaria) y que desde que en 2016 se empezó a obligar a incinerar todos los desechos de los mataderos, según las memorias del Consorci de Residus i Energia, se superó esa cantidad en 2017, 2018 y 2019.