Incómodo pleno para el equipo de gobierno el celebrado en Ciutadella en la noche del jueves. La moción presentada por el Grupo Popular resucitó viejos debates sobre el altísimo coste del servicio de incineración de Milà y exigió equilibrios complicados para la concejal del PSOE responsable del matadero, Sandra Moll, que pactó con el portavoz popular, Joan Benejam, la redacción de algunos puntos de acuerdo del orden del día para que el gobierno tripartito, que no rompió su posición de bloque, votase a favor alguno de ellos, lanzando un mensaje de cierta contundencia al Consell sin dar un pisotón excesivo a los grupos políticos que conforman el equipo de gobierno de la institución insular, a efectos prácticos los mismos que en el gobierno municipal. Mientras tanto la alcaldesa, Joana Gomila, del PSM (Més per Menorca), del mismo partido que gestiona el área de Medio Ambiente en el Consell delegó sus opiniones a la regidora Sandra Moll.
Al margen de todos ellos estaba Eudimio Carrasco, portavoz de Ciudadanos, partido al que el PP se adelantó en la presentación de una moción que bebe casi exclusivamente de las presentadas entre 2016 y 2018 por el partido que desembocó en Ciudadanos (UPCM), personificado en la figura de Joan Triay. Fue él el que en su día se encargó de denunciar una y otra vez el maltrato que sufría Ciutadella con el tratamiento de los restos de matadero desde que la UTE Es Milà entró a gestionar el recinto del mismo nombre en 2016.
El discurso de Sandra Moll, que no rehuyó la crítica al Consell por lo sucedido, se basó en dos ideas principales. En primer lugar la defensa de la alternativa que ha venido aplicando Ciutadella desde abril de 2020, el envío de los ‘sandach' a la Península para ahorrarse el coste de la incineración. La otra, el lamento por una planta de biogás inexistente que «hace siete años que se tenía que haber construido».
Finalmente se aprobó por unanimidad reclamar al Consell que demuestre documentalmente que se han incinerado todos los restos de animales enviados desde el matadero, así como exigir la urgente instalación de una planta de biogás que permita convertir en energía los ‘sandach'. En cuanto a la declaración de zona remota y su aplicación inmediata para enterrar los restos en Milà, el equipo de gobierno solo aceptó que el Consell aclare los motivos por los que no la aplica, además de defender que la mejor opción es que los residuos se envíen fuera para su revalorización. Finalmente se aprobó también pedir al Consell que compense a Ciutadella por los costes derivados de asumir en solitario esa alternativa. Moll de hecho avanzó que su intención es prorrogar el contrato para esa alternativa. Ciudadanos le recordó que si se es una realidad –aunque con retraso– es gracias a UPCM.