Un residente en Menorca necesita el salario íntegro de 16,9 años para acceder a una vivienda del mercado libre, el doble de la media nacional, que se sitúa en 9,2. Si el esfuerzo es compartido en familia, baja a 9,6, según refleja la memoria de 2021 del Consejo Económico y Social de las Illes Balears (CES), que ha sido presentada esta semana.
El cálculo varía si se trata de vivienda nueva, a cuya adquisición se han de dedicar 25,7 años de salario íntegro personal o 14,6 de renta del hogar. Se reduce en el caso de viviendas de segunda mano a 15,8 y 9 respectivamente. En cualquier caso es el más alto del país, a larga distancia de la segunda comunidad, que es Madrid, y siempre en torno al doble de la media nacional.
El dato, elaborado en este caso sobre las cifras de 2020, refleja una realidad que prolonga la implacable realidad sobre el coste del acceso a una vivienda. El precio ha alcanzado el nivel más alto de los últimos 14 años, en los ocho recientes se ha producido un aumento sostenido tanto de los inmuebles nuevos como de los de segunda mano.
El incremento ha sido más acentuado en la comunidad balear, un 53,7 por ciento en ese periodo, que en el resto del país, que se ha quedado en el 37. El ritmo de crecimiento de los precios se ha agravado desde 2019, un diez por ciento en las Islas, mientras que la media nacional se sitúa en el 5,9. La crisis derivada de la pandemia no solo no ha moderado los valores inmobiliarios sino que los ha aumentado.
Por otra parte, a pesar del precio en escalada, el volumen de compraventa de viviendas libres aumentó y alcanzó un máximo el año pasado así como las transacciones por parte de españoles y extranjeros. También se observó un aumento del valor de las hipotecas constituidas, aunque fueron menos en número.
Construcción
El encarecimiento de la vivienda no está menos relacionado con la disposición de una mayor o menor oferta que con la tipología de la obra ejecutada, reforma y rehabilitación y obra nueva a partes iguales. En esta ha predominado la vivienda unifamiliar, enfocada a segmentos de población de alto poder adquisitivo, motivo que ha disparado el precio tanto de vivienda nueva como usada.
Además el precio del suelo se ha encarecido con respecto al 2020, al igual que el precio del alquiler. Observa el CES que esta escalada rápida y creciente en el mercado de la vivienda propicia que se acentúen todavía más una evidencia latente, los problemas de accesibilidad entre la población residente.
Constata, de hecho, que el ritmo de inaccesibilidad de la vivineda aumentó el año pasado con respecto al anterior. Si en 2020 una persona necesitaba 14,4 de salario íntego para comprar un piso, en 2021 (con cifras de renta de 2020) llegó a necesitar 19,8.
Carga fiscal
La comunidad balear también está a la cabeza, detrás de Madrid pero por encima de Catalunya, en la carga fiscal que soportan sus ciudadanos. Cada contribuyente de las islas paga 7.972,1 euros en impuestos, de los que la mayor parte se los llevan la comunidad autónoma, 3.574, y la administración estatal, 3.499. Los ayuntamientos reciben de media 899,1 euros.
Apunta el CES que mientras se mantiene la presión fiscal de las administraciones próximas, la del Gobierno central experimenta un importante aumento. En 2021 se aplicaron los primeros presupuestos del Ejecutivo Sánchez, que supusieron nuevas figuras tributarias, subida de tipos y eliminación de desgravaciones.
Balears se mantiene en 2021 como la comunidad española con más presión fiscal, un 32,6 por ciento, que es el cálculo resultante entre la citada carga que soporta cada habitante y el PIB per cápita, que es de 24.473,3 euros. Esa carga fiscal ha aumentado un cuatro por ciento respecto a 2019, aunque obedece más a la caída del PIB que un crecimiento estricto de la presión fiscal, por lo cual es previsible que baje durante 2022, según aprecia el CES.
Repito. Esto es lo que pasa cuando los gobiernos se olvidan del articulo 47 de la Constitución Española: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.”. Cuando durante años los poderes publicos han tratado a la vivienda como un bien de mercado y no un derecho constitucional como recoge nuestra carta magna. Los beneficios son para los grandes inversores y no para la mayoría de la ciudadanía. Pero claro, si defiendes que la vivienda es un derecho constitucional te tratan de Rojo. Sin Embargo todos aceptamos lo de ..."Esto es el mercado amigos" como decía el Ministro del milagro economico de Aznar, condenado y encarcelado, si, el famoso Rodrigo rato. Por cierto : El gabinete de José María Aznar, en 2002, con 12 de sus 14 miembros señalados por la Justicia. Pero el PPSOE tampoco puede presumir de lo contrario. Sin embargo Unidas Podemos, si. Ninguno de sus representantes ha sido imputado por corrupción que curioso. !!Si se puede tener mejores politicos y mejores leyes para una Vivienda digna!!. Eso mismo dice la Constitución, la misma constitución que muchos defienden solo de boquilla.