Han tenido que pasar 21 años para que Carmelo Martínez tenga una casa con ascensor, adaptada a su discapacidad. Ese ha sido el largo periodo de tiempo transcurrido desde que hizo la solicitud en el Ibavi hasta que el miércoles recibió las llaves de su nueva vivienda de protección oficial, junto a los otros inquilinos. Se trata de un hermoso piso en Maó, de unos 70 metros cuadrados, dotado con dos habitaciones, cuarto de baño y cocina con amplitud suficiente, y accesos adaptados a sus limitaciones: 75 por ciento de minusvalía en ambas piernas y 35 por ciento de movilidad reducida.
En las próximas semanas efectuará el traslado desde la que ha sido su vivienda los últimos 15 años, en la Plaça Esplanada, que le obligaba a subir y bajar 28 empinados escalones hasta un segundo piso con sus muletas cada vez que pretendía salir al exterior. Hacerlo era un desafío al que se ha enfrentado a diario hasta que le ha sido concedido el inmueble en la calle Roca i Vinent, de Maó.
Con 62 años cumplidos, Carmelo vuelve a nacer, emprende un nuevo proyecto de vida porque la facilidad para salir y entrar en su piso le va a proporcionar una libertad de la que carecía en su otra casa. «Tengo muchas perspectivas de futuro, es un cambio radical en mi vida, pero lo más importante es poder sentirme realizado, sin problemas para decidir cuándo quiero estar dentro o fuera de mi casa por necesidad o por placer».
Carmelo nació en Barcelona pero lleva casi tres décadas de residencia en la Isla. Ha sido deportista discapacitado en silla de ruedas y antiguo trabajador de la ONCE. Vive solo y cuenta con una pensión no contributiva de entre 600 y 700 euros. El alquiler por un periodo de siete años en el piso que va a estrenar tiene un precio de salida de 427 euros, que se reduce considerablemente por su minusvalía, y porque en ningún caso puede superar el 30 por ciento de sus ingresos. El alquiler incluye el seguro y los gastos de comunidad. Dentro de tres años se revisará su situación por si es necesaria una adecuación del alquiler, que tiene un contrato con siete años de vigencia siempre que se cumplan unas normas cívicas naturales.
«Conseguir esta vivienda me ha costado mucho, me he llevado muchas frustraciones y nadie me ha regalado nada», explica, aunque agradece las ayudas de los servicios sociales y de Caritas cuando los ha necesitado.
En el pasado ocupó una caravana prestada en la Colársega de Maó y una habitación alquilada, además de algún que otro paso por hostales, hasta que se instaló en el piso de la Esplanada a pesar de las limitaciones de movimientos que le suponía.
Estuvieron a punto de concederle otra casa adaptada en alguna ocasión pero no fue así. «Cumplía todos los requisitos pero no me tocaba nunca, bien porque no había disponibilidad o bien porque no había actualizado la documentación», recuerda ahora con una sonrisa de oreja a oreja mientras muestra su nueva casa. «Ahora puedo decir que todo tiene su recompensa porque finalmente ha valido la pena».