La autorización del Govern para validar el alquiler de Mongofra Nou entre la Fundació Rubió i Tudurí y el empresario Dimitri Sturdza, que ahora el patronato tiene intención de rescindir, incluía una condición indispensable que, transcurridos seis años desde la firma, no se ha cumplido.
La Conselleria de Cultura dio el visto bueno al contrato presentado por la Fundació con la condición de que la finca albergase, al menos una vez al mes, una actividad cultural, abierta y gratuita, «respetando así el espíritu fundacional para que Mongofra pueda ser disfrutada por los menorquines», explicó el Govern cuando autorizó el alquiler, en diciembre de 2017.
Esa condición que aceptó la Fundació no se ha cumplido, ni en su redacción original, ni tampoco con otro tipo de periodicidad. Mongofra ha acogido varios años el Foro de MENORCA «Es Diari» y otras actividades culturales, pero no con la periodicidad que condicionaba la autorización. La Conselleria advirtió entonces que el incumplimiento de esta condición «podrá ser motivo de rescisión de la autorización del contrato de alquiler de la finca».
Auditoría
En la misma comunicación en la que el Govern aceptaba el arrendamiento por 30 años en favor de la sociedad Mongofre World Heritage SL, del empresario franco-rumano, el protectorado de fundaciones anunciaba la solicitud de una auditoría externa sobre la gestión económica del patronato de la Fundació. Desde la Conselleria no pudieron confirmar este martes que esta auditoría se hubiera llevado a cabo, aunque sí precisaron que las últimas cuentas anuales de la Fundació son correctas y están depositadas en el Registro de Fundaciones como corresponde.
La Fundació Rubió acordó en su reunión del pasado junio iniciar acciones para recuperar la posesión de Mongofra, primero por la vía del acuerdo antes de tener que presentar una demanda judicial por posible incumplimiento de alguna de sus cláusulas.
El alquiler se cifró en el pago de 120.000 euros anuales por la finca del norte de la Isla para usos turísticos, restauración, culturales, agrícolas y ganaderos, entre otros.
El otro punto fundamental del contrato era que la sociedad de Dimitri Sturdza se comprometía a realizar una inversión de hasta cinco millones de euros en la adecuación de los edificios de la finca, en construir nuevos espacios o ampliar los que ya tiene. En este sentido, no consta que esta inversión se haya producido por ahora.
El presidente de la Fundació, Hipólito Mercadal, única voz autorizada en el patronato, tampoco respondió este martes a los requerimientos de este diario para informar sobre las acciones de la empresa con relación al contrato de alquiler vigente.