La gestión del matadero de Maó, como la de todos los pequeños del sector, siempre ha sido deficitaria, pero la situación se ha vuelto insostenible en un momento concreto, cuando a partir de marzo del año 2021 el Ayuntamiento de Maó dejó de pagar las altas facturas de incineración de Milà a la Cooperativa Verge Monte Toro. El interventor detuvo esa práctica irregular. No se podía seguir pagando los costes de gestión de un servicio en concesión.
Desde ese momento ha habido muchas reuniones entre la cooperativa, el Ayuntamiento de Maó y el Consell, pero más allá de la aprobación de ayudas a dedo para intentar capear el temporal, no se ha solucionado la situación. Es lógico plantearse la razón por la que el matadero de Maó no ha hecho lo mismo que el Ayuntamiento de Ciutadella, gestor directo del matadero de Ponent, que en marzo de 2020 decidió llevarse los residuos de animales no peligrosos para su revalorización en la Península a la mitad de precio que el de la incineración en Milà. El matadero de Maó pidió presupuesto y le salía a unos 500 euros la tonelada (incinerar cuesta casi 900).
¿Y la administración?
La respuesta que ofrece el presidente de la Cooperativa Verge Monte Toro, Joan Pons, es comprensible, al menos en la lógica de una sociedad con un déficit galopante que ofrece un servicio público indispensable para el sector ganadero y de abasto insular. «No podemos pagar ni por enviarlos fuera, no por incinerarlos. Preferimos acumular deuda con Milà (un servicio público), que con una empresa privada». Más difícil resulta explicar por qué no se le ha dado una solución desde el Consell, ni desde el Ayuntamiento, que tiene un histórico de gastos de incineración de 500.000 euros