El conseller de Medio Ambiente, Josep Juaneda, ha convocado este jueves a la Junta de Gobierno del Consorcio de Residuos, del que forman parte los ocho ayuntamientos de la Isla. Allí ha informado de la contratación de una auditoría externa «para analizar toda la documentación técnica y económica» que la institución ha requerido a la empresa concesionaria del Área de Gestión de Residuos de Milà.
Responde así a la propuesta que el Partido Popular hacía días atrás en este mismo sentido. Lo que está bajo sospecha es la incineración de restos de animales desde que se inició la concesión hasta la actualidad, y determinar hasta qué punto fue extendido en el tiempo el entierro de los sandach en el vertedero y si realmente se incineró todo el material pagado por los mataderos de Maó y Ciutadella.
Juaneda afirma que el encargo de la auditoría externa se puso en marcha el pasado 26 de octubre, un proceso que discurrirá en paralelo a la investigación interna y a las actuaciones que lleve a cabo el Seprona y en su caso la Fiscalía Superior de Medio Ambiente de Balears, a la que hasta ahora se ha remitido información limitada sobre las irregularidades denunciadas.
Otras medidas
En la Junta de Gobierno del Consorcio también se ha dado cuenta de la contratación de una asistencia técnica para «incrementar el seguimiento de la explotación de las instalaciones».
Josep Juaneda ha informado de la mejora de los protocolos de entrada de residuos, de la instalación de cámaras de videovigilancia para cubrir los puntos ciegos que existían hasta ahora -en concreto junto al horno incinerador y el vertedero-; los nuevos de protocolos en la planta de tratamiento para la detección de los sandach y su derivación al horno; y los nuevos registros de comprobación de descarga de residuos en el vertedero que se tienen que firmar tanto en el control de la báscula de entrada como por parte del personal que esté operando en la zona de vertido.