«El Govern nos ha engañado tras un año de espera para recibir las ayudas covid que no se nos concedieron en su día». Es el lamento de Iga María Jaglarz, autónoma de Ciutadella, quien como otra empresaria de Alaior, Laura Garriga, se ha visto perjudicada por haber estado embarazada en 2019.
En ambos casos su estado gestante supuso una bajada de la facturación de sus negocios que luego les privó de la ayuda estatal, a través del Govern. La caída del volumen de operaciones en 2020 no fue superior al 30 por ciento respecto a 2019, como exigían las bases, precisamente porque en ese año su actividad fue menor debido al embarazo y baja posterior por maternidad.
«Fue un acto claro de discriminación indirecta a mujeres que viola nuestros derechos fundamentales», explica Iga María, artesana residente en Ciutadella.
Tras serle denegado el recurso potestativo de resolución ante la Conselleria de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, que tramita las ayudas concedidas por el Estado, «porque nuestro caso no lo contemplaban las bases», la afectada ha tratado de interponer un contencioso administrativo en el juzgado, «pero al ser autónoma, no puedo acceder a la justicia gratuita y la tramitación del contencioso, si lo pierdo, me puede costar 4.000 euros que no puedo asumir», indica.
El desencanto es evidente porque pese a la Proposición no de Ley presentada y aprobada en el Parlament por la diputada del PP, Salomé Cabrera, hace un año, con una línea específica para cubrir estas ayudas con 300.000 euros, el Ejecutivo «no ha sacado nada nuevo para paliar esta discriminación en su plan estratégico de subvenciones 2021-23», explica la alaiorense Laura Garriga.
Salomé Cabrera ha pedido amparo a la Mesa del Parlament ante la falta de respuesta del Ejecutivo y el incumplimiento de la PNL.
El apunte
La adhesión del Ministerio de Igualdad no ha tenido incidencia
Iga Jaglarz dirigió su queja hace un año al Instituto de las Mujeres, dependiente del Ministerio de Igualdad, que dirige Irene Montero. Este admitió en su respuesta que los hechos «podían constituir discriminación por razón de sexo por infracción de la ley que dispone que todo trato desfavorabgle relacionado con embarazo o maternidad constituye discriminación directa».
Posteriormente el IM dio traslado de la queja a la Conselleria balear de Trabajo, «pero al final tampoco ha servido para nada», indica una de las afectadas, porque ahí ha quedado su intervención.