El nuevo reglamento de Costas, en vigor desde el 3 de agosto, flexibiliza los motivos para modificar el deslinde del dominio público marítimo terrestre (DPMT) y puede convertir en concesiones de 75 años aquellas propiedades que se vean afectadas por la nueva medición. El cambio climático es el justificante de esta normativa que causa preocupación en los hoteleros y en las propiedades más próximas a línea del litoral.
Ashome lo estudiará en su próxima reunión, ahora mismo es una amenaza para aquellos establecimientos ubicados en primera línea. Piscinas y otras instalaciones pueden verse afectadas por la nueva delimitación, que será más ágil, pues «no será necesario tramitar un nuevo deslinde, sino que será suficiente con rectificar el deslinde existente».
Este puede ser modificado en función del alcance de la ola, ya no será necesaria la repetición de la misma durante varios años.
75 años de concesión
El reglamento precisa que los titulares de los terrenos (y edificaciones) que con la revisión del deslinde se incorporen al DPMT «pasarán a ser titulares de un derecho de ocupación y aprovechamiento». La administración les entregará de oficio la concesión por un plazo de 75 años.
La preocupación de los hoteleros menorquines es en Eivissa un movimiento de rechazo, el Consell insular pitiuso lo ha impugnado. También afectará a las concesiones de playa. Los empresarios de estas no están organizados y el problema lo sufrirán los ayuntamientos a la hora de presentar su planes de explotación de playas, base de las concesiones, ya que el reglamento permite aplicar criterios más restrictivos.
Chiringuitos
Los establecimientos «expendedores de comidas y bebidas», los tradicionales chiringuitos, no tendrán más de 70 metros cuadrados» y ha de haber una distancia de 300 metros entre ellos. Los ayuntamientos han de tenerlo en cuenta en sus concursos.
Aquellos restaurantes en primera línea que se vean afectados por una probable nueva demarcación también perderían la propiedad y pasarían a ser concesionarios por 75 años.
Moción en el Senado
Vicente Martínez Mus, senador del PP por Castellón, firma una moción presentada en la Cámara Alta en la que pide abrir un proceso de participación pública respecto al Plan Nacional para la protección de la costa española considerando los efectos del cambio climático, rediseñar ese plan, modificar el nuevo reglamento de Costas y suspender cualquier trámite que conlleve medidas restrictivas en derechos.
En colaboración con el senador menorquín, Cristóbal Marqués, se reunirá en los próximos días con los hoteleros y con empresarios de PIME para explicar los efectos de esta normativa, «que se caracteriza por los criterios más arbitrarios para cambiar el deslinde, que determina la pérdida de la propiedad». Alerta además de que esos criterios se dejan en manos de los funcionarios, «con este reglamento les sobran argumentos para poner el mojón donde quieran», señala. Considera, por otra parte, que ahuyenta la inversión, nadie se gastará dinero a riesgo de perder la propiedad en la que invierte.
Las claves
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El cambio climático inspira las novedades en la ley
El cambio climático está provocando una disminución del periodo de retorno de eventos extremos y la zona marítimo-terrestre es la más vulnerable a los efetos del cambio. Entre 1901 y 2018 la subida del nivel del mar se mide en 0,20 metros, según se explica en el nuevo reglamento.
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Se reduce el plazo para constatar alcances de la ola
Antes eran necesarios cinco años y cinco incursiones de la ola en tierra para determinar el deslinde en ese punto de alcance máximo. Ahora «no parece razonable» esperar ese plazo, «menos aún teniendo la certeza de que la situación empeorará», por lo que el sistema de medición debe tener en cuenta los efectos en el litoral.
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Biodiversidad y dunas, factores a tener en cuenta
Entre los factores a tener en cuenta para las nuevas delimitaciones y actividades en el litoral, se introduce la mención «a la necesidad de preservación de la biodiversidad asociada al dominio público marítimo terrestre» e incluye las dunas fijadas por la vegetación que no estén en desarrollo hasta el límite que resulte necesario para garantizar la estabilidad de la playa.