Catalina Pons, madona de Son Quart en Ciutadella, lleva quince meses en la presidencia de Fagme, una asociación que agrupa a propietarios y payeses, que creó Joan Pons Anglada en 1991.
Dijo en el Foro Agro Santander que no está acostumbrada a hablar en público, lo que no le impidió, con buen tono, plantear cuestiones críticas con la atención que el campo recibe de la Administración. Un ejemplo: los payeses para quemar rastrojo o restos de poda, limpiar una vorera o reponer una pared seca precisan de una autorización, que pasa por cinco manos de la Administración y que tarda un mes en llegar. «Somos agricultores y ganaderos -comentó- y además ejercemos de veterinarios, asesores, administrativos, técnicos y ahora también de funcionarios, y todo ello representa un coste añadido». Describió que la burocracia les consume una gran cantidad de tiempo en la gestión de las fincas. «Hay que rellenar libros de todo tipo, de las vacas, de los corderos, de los residuos, de los fertilizantes y no tenemos tiempo para todo».
Lamentó que la nueva Ley de Cadena Alimentaria, que no permite la venta por debajo de coste, no se cumpla. Mae de la Concha respondió después que no se actúa de oficio, sino que ha de existir una denuncia y las pruebas para demostrarla.
Sobre las dificultades para tramitar las ayudas, la consellera le respondió que deben contar con apoyo de las organizaciones agrarias que «recibieron una cantidad importane de dinero del patrimonio de las antiguas cámaras que debería servir para ello».
Catalina Pons puso otro ejemplo de la demora en las soluciones cuando dependen de las administraciones. «Todavía hay hijos de payeses que no tienen servicio de transporte para acudir a estudiar al IES Biel Martí de Ferreries».