El Camí d'en Kane, a su paso por el lloc de Binimoti, es de dominio público, es de titularidad municipal y tendrá que reabrirse al paso. Así lo ha dictaminado la Audiencia Provincial de Palma que, en la sentencia fechada el 29 de diciembre y notificada a las partes este mismo lunes, da la razón al Ayuntamiento de Ferreries en el litigio contra la propiedad, que cerró el paso hace más de un cuarto de siglo.
El tribunal tilda como «acto de ocupación ilegítima» la instalación de las barreras que la propiedad colocó en el sendero a finales de 1995. Desde entonces, el Ayuntamiento y una masa social importante, sobre todo la incansable Associació d'Amics del Camí d'en Kane, no cesaron en su empeño para demostrar la titularidad pública del trazado a su paso por Ferreries.
A finales de 2021 el Ayuntamiento recurrió una primera sentencia, del Juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 1 de Ciutadella, que consideraba no probado que el tramo por Binimoti fuera de titularidad municipal. Es este recurso el que ha prosperado ahora. «En este inicio de año, el Ayuntamiento y el pueblo de Ferreries estamos de enhorabuena», celebraba la alcaldesa, Joana Febrer, quien compareció exultante junto a los ediles Queta Camps y Gabriel Janer.
Plazo para apelar
La Audiencia Provincial condena a retirar cualquier construcción que impida el tránsito o indique prohibición de paso, concediendo por tanto el libre acceso por el camino. Ahora, se abre un periodo de veinte días hábiles para que la parte demandada pueda presentar recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Una vía que la defensa ve poco factible al ser la sentencia contundente y estar muy bien fundamentada. Así lo apuntaba ayer el abogado del Consistorio, Josep Masot, quien no ahorró elogios hacia todos los que han contribuido para hacer posible un fallo favorable, desde testigos hasta quienes se implicaron en la búsqueda de documentos.
Hasta el 7 de febrero puede presentarse recurso ante el Supremo. Si esto ocurriera, el Ayuntamiento podrá solicitar la ejecución provisional de la sentencia mientras se admita, o no, a trámite. Y si no hay apelación y los dueños de la finca no hubieran iniciado la retirada de las barreras, en unos dos meses se podrá pedir al juez que ejecute la sentencia. Aun así, desde el Consistorio confían en la buena predisposición de la nueva propiedad, titular de la finca desde el 6 de mayo de 2022, siendo conocedores del litigio abierto. «La sentencia es fresca y aún no hemos tenido tiempo de ponernos en contacto», apuntó Febrer, quien espera que «sean ellos mismos quienes retiren las barreras».
Máxima emoción
El presidente de la Associació Amics del Camí d'en Kane, Francesc Pallicer, no podía ocultar su emoción tras conocer la buena noticia. «Hemos trabajado mucho» y «hemos tenido que soportar denuncias y tenido que ir ante el juez». Por eso, «que finalmente hoy nos digan que (el camino) es público...», lograba decir con ojos vidriosos. «La lucha empezó con la Agenda Local 21», pero «cuando se complicó, pensamos que era mejor crear una asociación», hace más de quince años. «No entendemos que el Consorcio (en Suelo Rústico) no actuara con más contundencia y que el Ayuntamiento no parara la construcción del muro», pero «hemos llegado hasta aquí y ahora habrá trabajo para quitar las barreras, pero las quitaremos muy a gusto en el momento que nos digan, estos dos meses se harán largos», bromeó el activista.
El apunte
El Consell ayudará a recuperar el puente y hay más tramos que abrir
En el Ayuntamiento celebran el triunfo judicial y esperan con ansias la reapertura. Pero eso será cuando esté garantizado el paso seguro por el vial, teniendo en cuenta que el puente de Binimoti se vino abajo. Sobre esta cuestión, el conseller de Cultura y Patrimonio, Miquel Àngel Maria, recordaba ayer mismo el compromiso del Consell para rehabilitar la estructura.
El Camí d’en Kane sigue cerrado en otros puntos. En Santa Rita, el Ayuntamiento posee el derecho de paso; Binissuès es un caso similar al de Binimoti y se espera que también se abra; y en el lloc de Terra-roja existe un documento que da la exclusividad de uso a la propiedad, pero «hay conversaciones para llegar a un acuerdo».