La restricción a la entrada de vehículos a la Isla, contemplada como opción en la ley Menorca Reserva de Biosfera, podrá ser una realidad este próximo verano. No hará falta esperar el reglamento con la regulación de las limitaciones, sino que basta un acuerdo motivado del pleno del Consell con los informes y alegaciones correspondientes.
Sobre las excepciones para entrar con vehículo en la Isla se contemplan los residentes en la Isla y los propietarios de alguna vivienda no empadronados, aunque en este caso se limita a un coche por casa, no por persona. También están excluidos los de transporte comercial y oficial, maquinaria pesada y los de personas con movilidad reducida.
Así figura en la redacción final del texto legislativo tras un acuerdo de última hora de los partidos integrados en el Govern además de Més per Menorca. Fue precisamente el partido menorquinista quien se atribuyó el mérito de la agilización introducida para que este mismo verano pueda aplicarse la restricción.
En el articulado de la proposición de ley que llegó al Parlament se encomendaba la reducción de vehículos a un reglamento para regular las condiciones y excepciones. Se calcula que la redacción y aprobación del reglamento habría retrasado dos años su aplicación.
Por ese motivo, la disposición transitoria tercera, que es la que regula esta posibilidad, ha sido modificada para, si así lo considera el Consell, adelantar su puesta en práctica.
El entusiasmo de Més fue matizado por otros partidos integrados en el Govern, «lo que se ha aprobado es la posibilidad de que haya un procedimiento más ágil para limitar la entrada de coches», explicaron. En efecto, basta la entrada en vigor de la ley para ponerlo en marcha.
Una vez publicada la citada norma, el pleno del Consell «puede apreciar motivadamente la necesidad de establecer un acuerdo con carácter transitorio que regule la afluencia de vehículos a motor a la Isla de Menorca». Luego ha de abrir un periodo de 20 días para alegaciones y solicitar informes a los ayuntamientos y administraciones que puedan verse afectadas. Tendrán un mes de plazo.
Plazos muy justos
La institución menorquina tendría que apurar el tiempo para hacer viable esa posibilidad. La ley será votada y aprobada por el Parlament el 31 de enero y entrará en vigor a continuación. El Consell podría tomar el acuerdo en el pleno de febrero y completar la documentación de informes y alegaciones en los siguientes dos meses, por lo que, en el mejor de los casos, aprobaría la medida en abril, último mes del mandato de la actual corporación. Salvo que, dada la trascendencia, novedad y contenido de la medida, el procecimiento pueda ser iniciado o culminado en sesión extraordinaria y evitar en lo posible una mayor cercanía con la fecha electoral.
Si el acuerdo se deja para después de las elecciones del 28 de mayo, la nueva corporación no se constituye hasta julio, fecha en la que un acuerdo de estas características resultaría intempestivo porque llegaría en plena temporada turística.