En la última junta de gobierno municipal de Ciutadella se ha aprobado la imposición de una sanción coercitiva de unos 4.000 euros a los propietarios de un hortal en la zona de Binicamps, por desoír una orden anterior de demolición. Esta medida se suma a otras ocho más validadas por el mismo órgano municipal para el derribo de construcciones irregulares detectadas en suelo rústico de distintas zonas del término.
La propuesta aprobada por el Ayuntamiento el pasado miércoles constituye una primera sanción coercitiva y tiene la finalidad de forzar a los titulares de la propiedad en situación irregular a cumplir la orden que pesa sobre la misma, ubicada en el entorno de Ses Retxilleres, al norte de Ciutadella.
Esta finca afectada se suma a otras ocho sobre las cuales la junta de gobierno aprobó sendas sanciones en sus reuniones del 11 de enero y del 28 de diciembre del año pasado. Se trata en todos los casos de construcciones de entre 38 y 100 metros cuadrados sobre las que se dictó orden de demolición en 2012, y que desde el área de Urbanismo confían que sus titulares acaten las resoluciones para evitar la imposición de más sanciones.
Consorcio insular
Actualmente, es el Consorcio para la Protección de la Legalidad Urbanística en Suelo Rústico quien ostenta las competencias y la capacidad de control en zonas rústicas. Sin embargo, al tratarse unos expedientes iniciados antes del reingreso de Ciutadella al ente mancomunado, que no se produjo hasta abril de 2016, es el consistorio el encargado de concluir su tramitación.
El apunte
El nuevo PTI reduce la presión sobre estas construcciones y da seis años para legalizarlos
El PTI vigente no ha servido para la legalización de los hortals irregulares y, por el contrario, en los últimos veinte años han aumentado estas construcciones. El nuevo PTI, de inmediata aprobación, mantiene los requisitos de legalización pero amplía los plazos para llevarla a cabo, que pasa de dos a seis años.
Los afectados han de constituirse en asociación en un plazo de dos años y presentar los planes al ayuntamiento en los cuatro siguientes. Sigue fijándose como superficie máxima 90 metros cuadrados por parcela, el resto quedará fuera de ordenación.