Casi la mitad de los compradores en las operaciones inmobiliarias firmadas el año pasado en Menorca son extranjeros, un 45 por ciento es la proporción con la que cerró el ejercicio 2022 el grupo Bonnin Sansó, uno de los más importantes y representativos de la actividad de este sector en la Isla. El 55 por ciento restante fueron compradores nacionales, menorquines o residentes fuera de la Isla, con Madrid y Catalunya como comunidades principales de origen. Habría que calcular muy bien las consecuencias que tendría en la economía insular la iniciativa de limitar la compra de viviendas a los no residentes, tal y como plantea el gobierno de izquierdas en Balears, advierten desde el grupo inmobiliario.
No solo este sector perdería casi la mitad de su actividad –contando solo los clientes internacionales y no los nacionales de otras comunidades autónomas–, sino que como las fichas de un dominó dejarían de hacer negocio otras empresas relacionadas, muy especialmente de construcción y auxiliares de construcción.
«Se genera mucha actividad y pagan una barbaridad de impuestos», recuerda el director comercial de Bonnin Sansó, José Pons, «que ayudan a pagar las facturas de nuestras administraciones, limitarles la compra de vivienda es una idea populista, que un extranjero adquiera una casa de dos millones de euros no hace que un menorquín no pueda acceder a un piso». El agente opina que es necesario tomar cartas en el asunto de la vivienda, para facilitar el acceso a la misma por igual, «pero no pasa por prohibir la venta a los no residentes».
Cabe recordar que el Govern ingresó 812,28 millones de euros el año pasado en concepto de Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, debido a ese auge de operaciones inmobiliarias en Balears y en especial de viviendas de lujo, sometidas a una mayor presión fiscal. Con un solo impuesto casi se igualó en 2022 la recaudación total, con todos los impuestos de la comunidad autónoma, de 2020, que fue de 845,38 millones de euros.
En la otra cara de la moneda, la de quien pone su propiedad a la venta, la mayoría son españoles, el 76 por ciento, y el 24 por ciento restante son extranjeros.
Dentro de los vendedores nacionales, un 16,5 por ciento son menorquines, y casi la misma proporción dentro del colectivo extranjero, un 16 por ciento, son británicos que se deshacen de sus propiedades en la Isla; hay entre un 2 o 3 por ciento de vendedores que es diverso en cuanto a nacionalidades. «Los británicos compran y venden bastante, en función de sus ciclos vitales», puntualiza Pons, quien añade que tras los baches provocados por el brexit y después la pandemia de covid-19, en el mercado anglosajón comienza a notarse una lenta recuperación.
20 casas de más de un millón
El grupo Bonnin Sansó cerró un excelente año 2022 y los indicios en este primer trimestre de 2023 es que el mercado siga su evolución positiva, pese a la inflación, las subidas de intereses y otras incertidumbres que planean sobre la economía. «Lo cierto es que no esperamos grandes cambios», señala Pons, «el interés por invertir en Menorca sigue».
El año pasado fue bueno para el sector en general y Bonnin Sansó en concreto cerró 400 operaciones, lo que su pone un ritmo de 1,22 operaciones diarias, y una subida del 13 por ciento respecto a 2021. La cifra de negocio de la compañía en 2022 fue superior a los 130 millones de euros.
De las operaciones formalizadas un 9 por ciento fueron propiedades valoradas entre 500.000 y un millón de euros, y otro 5 por ciento fueron ventas superiores al millón de euros, lo que implica que 20 inmuebles se vendieron por encima del millón.
En este tipo de compraventas millonarias se incluyen fincas, chalés, casas de campo, palacetes y casas señoriales del centro de Maó o Ciutadella, y también algún producto industrial o comercial como naves. El grueso de las operaciones, un 56 por ciento, se sitúa en la horquilla de entre 100.000 y 300.000 euros, son pisos en las poblaciones y apartamentos en la costa, la mayoría de segunda mano porque la obra nueva se dispara de precio. Un 16 por ciento son inmuebles de entre 300.000 y 500.000 euros y un 14 por ciento está por debajo de 100.000 euros, suelen ser solares o pequeñas viviendas que necesitan ser reformadas.
Prohibir la venta a ciudadanos de la Unión Europea es perfectamente ilegal, según los Tratados..