El pleno del Ayuntamiento de Sant Lluís aprobó el martes rechazar el recurso de reposición interpuesto por la sociedad promotora del parque acuático de Biniancolla contra la anulación de la licencia de construcción de estas instalaciones, adoptada en octubre de 2022. Los servicios jurídicos municipales consideran improcedentes las cuatro alegaciones presentadas por los titulares del parque, por lo que sus pretensiones son desestimadas en su totalidad.
En el transcurso del mismo pleno, la secretaria municipal informó a los concejales que el Consell también ha rechazado la reclamación patrimonial que el promotor había presentado ante la institución insular por los daños económicos ocasionados, a su entender, por la anulación de la declaración de interés general para la construcción de la infraestructura turística, en cumplimiento de una sentencia judicial en este sentido.
El rechazo al recurso de resposición obtuvo el voto favorable del pleno con el apoyo de los integrantes del equipo de gobierno y la abstención de la oposición. De esta última parte de la Corporación solo intervino el concejal Llorenç Carretero (Pi), quien advirtió del riesgo de que recaiga sobre el Ayuntamiento de Sant Lluís algún tipo de responsabilidad patrimonial en forma de indemnización. La alcaldesa Carol Marquès negó que esto pudiera llegar a suceder, dijo, porque la nulidad de la licencia se deriva, como su aprobación en su momento, de la situación de la declaración de interés general del proyecto, que compete al Consell.
Las alegaciones se basaban en un incumplimiento de los plazos, el hecho de fundamentarse la anulación en una normativa derogada, la ausencia de seguridad jurídica y la existencia de una pieza de responsabilidad patrimonial derivada. Los servicios jurídicos, una por una, rechazan estas pretensiones apelando a la interrupción de plazos cuando se aguardan informes externos, la existencia de normativa suficiente para adoptar la decisión y el hecho de actuar a instancias de una decisión de una administración de rango superior.
Debería haber alguna ley que impidiera este derroche de recursos. Da igual que la financiación sea pública o privada, que la culpa sea de uno o de otro y que de lugar a indemnización o no. Al final es el conjunto de nuestra sociedad la que está construyendo y destruyendo continuamente sin ningún sentido.