La Fiscalía de Menorca ha decretado que enterrar restos de animales como vacas o cerdos en el vertedero de Milà no constituye un delito ambiental. A pesar de que el Consell de Menorca prohíbe expresamente esta práctica y obliga a los mataderos a pagar por la incineración de todos los sandach que llegan a Milà, el ministerio público constata, de acuerdo con el Seprona, que el vertedero cuenta con celdas impermeables y sistemas que evitan la filtración de sustancias tóxicas al subsuelo. No se produce, por tanto, un daño al medio ambiente por ello.
La confirmación por parte del fiscal Eduardo Norro de que no existe un riesgo ambiental por enterrar restos de animales en Milà contrasta con la política del Consell, que impone la incineración obligatoria de todos estos residuos a un precio muy superior al entierro, un sobrecoste que se acaba sufragando con subvenciones públicas. Los mataderos de Maó y Ciutadella se han visto obligados hasta ahora a pagar cerca de 900 euros por tonelada para quemar estos residuos, cuando la declaración de Menorca como zona remota permite el entierro de la mayor parte de los subproductos animales.
A petición del pleno
El archivo de las diligencias informativas se produce después de que el Consell de Menorca remitiera la información a la Fiscalía Superior de Medio Ambiente a instancias de los grupos de la oposición. Partido Popular y Ciudadanos pidieron ante el pleno que la información no se centrara solo en el aspecto medioambiental, ya que las principales sospechas se centran en la gestión económica. Se trata, en concreto, de dilucidar si la UTE Es Milà cobró por incinerar los restos de matadero que acabaron en el vertedero.
Finalmente la Fiscalía Superior remitió el caso a la sección territorial de Menorca que ha acabado por decretar el archivo sin entrar a analizar la gestión económica de la concesionaria, según se desprende del escrito remitido al Consell. Para tomar esta decisión el fiscal ha tenido en cuenta el informe del Seprona donde se constata que la celda de Milà donde se produjo el vertido «está impermeabilizada y con sistema de protección», por lo que no se habrían producido los daños a la calidad del aire, el suelo o las aguas que se requieren para la aplicación del artículo 326 del Código Penal.
Una auditoría pendiente
La obligación de incinerar todos los restos animales que llegan a Milà ha provocado multitud de quejas en los últimos años por parte del sector ganadero, que se ve asfixiado económicamente, y el Ayuntamiento de Ciutadella, que tras un litigio judicial logró la autorización para trasladar los restos no peligrosos de su matadero a la Península. De esta forma paga la mitad de lo que le costaría el tratamiento en Milà, que cuenta con un horno que tampoco está dimensionado para tanto volumen de trabajo.
Las fotografías con restos de vacas y cerdos en descomposición entre la basura Milà ilustra una práctica que incumple el Plan Director de Residuos de Menorca. Pero en algunas de estas imágenes se aprecian, además, residuos que están tipificados como Material Específico de Riesgo (MER) que son «el cráneo, excluida la mandíbula e incluyendo el cerebro y los ojos, y la médula espinal de los animales de más de 12 meses». En este caso concreto es la normativa nacional la que obliga a su incineración.
A raíz del llamado 'caso Milà' el Consell ha puesto en marcha una batería de medidas correctoras que aumentan el control sobre lo que sucede en el área de tratamiento de residuos de Menorca. Al mismo tiempo, se ha encargado una auditoría externa para aclarar si la UTE Es Milà ha incinerado todos los restos de animales que le han llegado estos años.
El apunte
Josep Juaneda celebra el archivo de las diligencias
El conseller insular de Medio Ambiente, Josep Juaneda, ha hecho una valoración positiva del archivo de las diligencias abiertas por la Fiscalía de Medio Ambiente en relación al ‘caso Milà’. En una nota de audio remitida a este diario ha defendido que la prioridad del Consell es «despejar cualquier sombra de duda» e «implantar medidas que mejoren la gestión de los residuos en Menorca». Ha recordado, además, que el Consorcio de Residuos y Energía ha encargado una auditoría externa «para verificar el funcionamiento del servicio [de la UTE Es Milà] desde el inicio del contrato».