El proceso de repliegue de oficinas bancarias en Menorca ha generado malestar, especialmente, en el colectivo de personas mayores. La digitalización del sector ha abierto una brecha generacional y ha supuesto un obstáculo para los clientes más mayores, que afrontan, en algunos casos, con más dificultad las operaciones a través de internet o las aplicaciones para móvil.
«Son necesarias las oficinas de atención pública y los cajeros para sacar dinero en efectivo», expresa Héctor Pons, alcalde de Maó, que ya ha trasladado este mismo mensaje a algunas de las grandes corporaciones sin obtener una respuesta satisfactoria.
«Es un error que no entiendan que tienen una función pública y es una falta de respeto que no piensen en las personas mayores», añade Pons. En la misma línea se manifiesta Joana Febrer, alcaldesa de Ferreries, que recuerda que «por lo general, la gente mayor no domina con facilidad las tecnologías» y que las oficinas presenciales constituyen un «servicio básico» para ellas, más aún, en pueblos pequeños.