El Ayuntamiento de Ciutadella ha denegado la última licencia solicitada por la empresa que explota la finca de Binigarba y ha ordenado la restitución de la zona afectada por su actividad. Esta resolución ha sido dada a conocer este jueves por el GOB y la entidad celebra que «finalmente se haya impuesto la racionalidad y después de 19 años de intentos [por legalizar esta actividad] se proteja en la práctica una zona que ya lo está sobre el papel», en alusión a que se trata de un espacio incluido en la Red Natura 2000.
El empresario Valeriano Allés ha replicado este mismo jueves al grupo ecologista negando que la licencia denegada fuera para llevar a cabo algún tipo de actividad extractiva en Binigarba. De hecho, la presentó como un proyecto para legalizar obras realizadas con anterioridad y para finalizar el «acondicionamiento del terreno para la mejora de los trabajos agrícolas de la finca». El Ayuntamiento de Ciutadella, en todo caso, se la denegó, según consta en actas de la Junta de Gobierno municipal. Allés afirma no tener constancia de ninguna orden municipal que le indique la obligación de restituir los terrenos.
El grupo ecologista ha difundido imágenes que ilustran los daños ambientales provocados durante años de actividad con maquinaria pesada en la finca, entre las que se aprecian desmontes, vertidos de materiales de obra y la destrucción de un kilómetro de ‘paret seca'. «Los promotores han incumplido de forma reiterada las condiciones que tenían autorizadas y tendrán que restituir la zona», afirman en un comunicado.
El caso se remonta al año 2004, cuando salió a exposición pública un proyecto de aprovechamiento de actividad extractiva de arena en Binigarba promovido por la empresa Valeriano Allés Canet SL, la misma que explota las canteras de Son Sintes y Ses Arenetes. El GOB señala que el proyecto, presentado como una acción de restauración ambiental, «en realidad era una nueva extracción de arena sobre una superficie superior a los 180.000 metros cuadrados».
Aunque la autorización para ese proyecto fue denegada, dos años después, en 2006, la sociedad rural Binigarba SRM presentó ante el Ayuntamiento de Ciutadella un proyecto consensuado con Valeriano Allés para condicionar los terrenos con la intención de mejorar su rendimiento agrícola. En ese caso la actuación iba a afectar una superficie de 127.527 metros cuadrados. El objetivo era aprovechar la arena obtenida como material para la construcción.
Denuncia del GOB y paralización de los trabajos
«Se intentó cambiar el formato pero al final era el mismo proyecto de cantera», recuerda el GOB. En el año 2007 se concedió esa licencia y los ecologistas denunciaron, al cabo de pocos meses, que se estaba actuando fuera de la zona autorizada y se estaban vertiendo materiales procedentes de excavaciones de obras. El Govern, a través de la Dirección Insular de Industria, ordenó suspender estos trabajos y se abrió un expediente de disciplina urbanística que propició la paralización de la actividad.
El relato de los hechos compartido ahora por el grupo ecologista recuerda que a finales de 2012 los promotores presentaron nuevamente el proyecto con una nueva fórmula e iniciaron las obras sin contar con la licencia. De nuevo toparon con el GOB, que denunció el vertido de restos de obras cuando la zona ya había sido incorporada por aquel entonces a la Red Natura 2000. El Ayuntamiento de Ciutadella, que por aquella época estaba fuera del Consorcio de Disciplina Urbanística en Suelo Rústico, tardó dos meses en paralizar la actividad al constatar que se trataba de actuaciones no amparadas por una licencia.
La autorización con condiciones de Medio Ambiente
Los promotores han tratado en este tiempo de legalizar las obras realizadas y seguir con el movimiento de tierras mediante la presentación de diferentes proyectos, hasta que se requirió el pronunciamiento de la Comisión Balear de Medio Ambiente. En 2018 obtuvieron el informa favorable con una serie de condiciones, que incluían la prohibición de vertir materiales extraños a la zona y un control sobre la cantidad de arena extraída.
La empresa impugó esa resolución mediante un recurso que fue desestimado y después, según explica el GOB, presentaron un nuevo proyecto ante el Ayuntamiento de Ciutadella que «incumplía las condiciones ambientales dictaminadas». Finalmente el consistorio ha rechazado este último intento en una resolución del otoño de 2022 que incluye la petición de restitución de la zona afectada en el plazo de dos meses, bajo la advertencia de imponer multas coercitivas si la promotora incumple. Casi dos décadas de un conflicto urbanístico que podrían estar escribiendo su último capítulo.