El nuevo Plan General de Ports de les Illes Balears, en proceso de elaboración desde 2017 y que tendrá una vigencia de quince años una vez se apruebe, plantea penalizar a los titulares de amarres que no les den uso. Eso es para conceder el «derecho» que tienen todos los ciudadanos a poder tener un punto de atraque, incidiendo en aquellos que en realidad están siendo infrautilizados.
Así lo expuso el jueves el director general de Transporte Marítimo y Aéreo del Govern, Francesc Xavier Ramis, en el marco de «Menorca, 700 Km2», de mesas redondas que organizan el Ateneu de Maó y el GOB, con el apoyo de Menorca Preservation. Bajo el título «Náutica en Menorca, ¿una ordenación?», se contó con la presente del dirigente balear, quien compartió mesa con el presidente de la Associació Menorquina de Empresas Náuticas (Asmen), Justo Saura, y el coordinador del área de Medio Marino del GOB Menorca, Víctor Carretero.
Durante el debate, Ramis afirmó que «penalizar la no utilización de las embarcaciones es una de las pautas que contempla el plan general». Lo dijo, tras referirse a los estudios elaborados para la redacción del plan, los cuales indican que «nuestro territorio ya no puede asumir más crecimientos» en cuanto al número de amarres, porque las Balears son de extensión limitada.
Teniendo en cuenta que en la Isla «hay más de seis mil usuarios que quieren un amarre», consideró que «tenemos que dar el derecho a dar la posibilidad de navegar» a quien lo desee y «no puede ser que solo unas personas tengan este derecho, por antigüedad o por otras condiciones» y que no le estén dando uso. A partir de ahí, y para «racionalizar los recursos existentes», se contemplan varios modos de hacerlo.
Se proponen nuevas fórmulas de uso para amarres y embarcaciones, como por ejemplo, a través de clubes de navegación, la multipropiedad o compartiendo barca entre varios usuarios. Y crear zonas de boyas de fondeos regulados en aguas adyacentes a las portuarias, la creación de una red de marinas secas y la mejora y ampliación del tejido existente de rampas de varada, así como a través de un control del uso de los titulares de los amarres, de un modo similar a los estacionamientos regulados para coches en las calles, donde se paga por estar aparcado, pero no por no estarlo, para generar rotación.
Asimismo, se propone reordenar y regular mejor las zonas portuarias, siempre teniendo en cuenta criterios de sostenibilidad ambiental, social y económica, de protección del litoral e integración de infraestructuras en el entorno.
Desde Asmen, Justo Saura relativizó los datos que señalan un exceso de embarcaciones en Menorca. Para él, la Isla no está saturada, ya que «el 90 por ciento de barcas son de menos de nueve metros». Aún así, reconoció que «todos estamos de acuerdo en que hay que mantener Menorca cómo la tenemos», de ahí que desde la asociación trabajen para concienciar a sus socios de la importancia de respetar el mar, en todos los sentidos.
Para el GOB, sobre la cuestión de la saturación en el mar, es necesario «retomar el proyecto del Plan Insular de la Costa» iniciado en 2009 pero que se frenó por el cambio de gobierno en el Consell. Víctor Carretero aportó propuestas, «como convertir amarres de tránsito en amarres de puerto base, dar prioridad a embarcaciones con valor cultural, frenar la privatización progresiva del litoral o aumentar las áreas para bañistas».
Y dale con el enanismo... " limita la creación de más puntos de atraque "... Si el público quiere más, a dárselo, que estos funcionarios están para servirles y no al verrés ! Y si quien paga lo quiere vacío, vayan a quejarse a otro lado.