El sindicato CCOO ha advertido del riesgo del cierre inminente de varias jefaturas provinciales de Tráfico por la falta de personal acumulada durante años, dado que el número de vacantes en puestos de atención directa a la ciudadanía supera el 70 % en Menorca y Eivissa y alcanza el 50 % en Palma. En el caso de Maó, solo hay 2 de las 7 plazas cubiertas.
El sindicato ha apuntado al deterioro de la Dirección General de Tráfico como organismo autónomo que se encarga de la política vial y de la seguridad de la ciudadanía en las carreteras, que considera «una realidad preocupante», ha precisado la organización sindical este martes.
El sindicato considera «crítica» la situación que se vive en las jefaturas de muchas provincias del Estado, donde más de la mitad de las plazas está sin cubrir. «Esto hace peligrar la atención a la ciudadanía en este servicio público, donde se realizan trámites de exámenes, licencias y permisos de conducción, matriculaciones o transferencias de vehículos, entre otros», han alertado desde CCOO.
Dificultad para una cita previa
La falta de personal en puestos de atención directa al público supone que casi el 70 % de personas que trata de obtener cita previa no lo consiga, cifra que aumenta hasta el 90 % cuando se trata del trámite de canje de licencia, según datos proporcionados por el propio organismo.
«La situación es tan grave que la propia Dirección General de Tráfico se va a ver obligada al cierre total de algunas dependencias, por lo que la ciudadanía tendría que desplazarse a otras provincias para realizar los trámites correspondientes», manifiesta CCOO.
La organización sindical plantea la urgencia de cubrir las plazas vacantes existentes en el organismo, de forma que se pueda garantizar la seguridad vial y la atención en este servicio público, para lo que exige al Gobierno la dotación necesaria y una Oferta de Empleo Público específica para continuar en la lucha contra los fallecimientos en la carretera.
La organización se ha referido al riesgo de aumento de accidentes y muertes en la carretera por la falta de personal y las privatizaciones de servicios públicos «esenciales para la seguridad vial», como los Centros de Gestión y los servicios de vigilancia desde helicópteros, y por ello el sindicato ha exigido un incremento de las plantillas para garantizar la atención y la seguridad a conductoras y conductores.