El Congreso decidirá este martes si comienza a tramitar una proposición de ley para modificar la ley estatal de Arrendamientos Urbanos con el objetivo de darle capacidad normativa a las comunidades autónomas para que puedan poner un tope a los precios del alquiler en zonas tensionadas. Esta votación se producirá en plena polémica en el seno del Gobierno de coalición por la Ley de Vivienda.
La proposición de ley que verá mañana el Congreso viene del Parlamento de Balears, donde fue impulsada por Més per Menorca, y salió adelante gracias a los votos a favor del PSOE, Unidas Podemos, Més per Mallorca y el Grupo Mixto.
En concreto, la iniciativa viene a modificar los artículos 10 y 17 de la ley de arrendamientos urbanos, en lo relativo a la prórroga del contrato y en darle capacidad normativa a los Gobiernos autonómicos para que puedan poner un límite en el precio del alquiler en aquellas zonas que se encuentren tensionadas.
Además, plantean que la declaración y la vigencia de una zona de mercado residencial tensionado requerirá de la elaboración de una memoria que la justifique, «a través de datos objetivos y fundamentada en la existencia de un especial riesgo de abastecimiento insuficiente de vivienda para la población residente».
En lo que tiene que ver en la modificación del artículo 10 de la ley de arrendamientos urbanos, la proposición de ley plantea que en cuanto a la prórroga del contrato, si ninguna de las partes hubiese notificado a la otra de su voluntad de no renovarlo, el contrato se prorrogaría obligatoriamente por plazos anuales hasta un máximo de tres años.
Negociación de la Ley de Vivienda
Precisamente, esta proposición de ley se verá en el Congreso de los Diputados en un momento en el que se sigue negociando en el seno del Gobierno de coalición algunos puntos de la Ley de Vivienda, como es el de la limitación del precio del alquiler.
Hace apenas unos días, la líder de Podemos, Ione Belarra, reprochó al PSOE que mantuviera «bloqueada» en el Congreso esta Ley de Vivienda. En este punto, se mostró consciente de que «no es perfecta», aunque urgió a su aprobación y que se regule de manera efectiva el precio de los alquileres en zonas de mercado tensionadas.
Estas palabras de Belarra surgieron después de las declaraciones de la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, quien había alejado la posibilidad de establecer en la Ley de Vivienda un límite máximo de aumento del 3% de todos los alquileres en las llamadas «zonas tensionadas».