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Investigación en el IME

Los contratos y pagos que realiza el IME son por fin públicos y accesibles

Algunos particulares han cobrado más de 80.000 euros del organismo por encargos de los últimos seis años

Eugenio Ayuso comenzó en diciembre de 2021 la demanda de información sobre los contratos menores que firmaba el IME | Gemma Andreu

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Los contratos y pagos que realiza el Institut Menorquí d'Estudis (IME) son públicos y accesibles desde la semana pasada. El camino para llegar a ellos está a solo «cinco clics», presumió el conseller de Cultura y presidente de ese organismo, aunque antes hay que aprendérselo y, lo que es más importante, ha sido necesario el tesón y la reivindicación del conseller de Ciudanos, Eugenio Ayuso, para posibilitarlo.

El informe de la Oficina Anticorrupción en torno a los pagos del IME a uno de sus miembros por la realización de las Directrices Estratégicas de Menorca (DEM) ha servido sin duda de acicate para acelerar la transparecencia que la ley exige. El debate centró la sesión de este lunes en el pleno del Consell.

La iniciativa la había planteado Ayuso en diciembre del 21 y la reiteró en marzo y en abril del 22 tras recibir quejas de ciudadanos excluidos de las ayudas y que además pierden el rastro de la convocatoria y de los contratos a los que ha dado lugar. Después del informe de Anticorrupción solicitó la relación de contratos y pagos desde el año 2017 para acá. No le han respondido, pero la información apareció el día 15 en la web del IME.

En algunos casos, ni siquiera hay contrato, «se paga solo por facturas», recordó el conseller centrista, quien exhibió en el pleno una lista con las personas jurídicas y personas físicas que más dinero han percibido en los últimos seis años. Entre los particulares, la suma de ese periodo, alcanza en un caso 108.234 euros y otros tres superan los 80.000.

Algunos de ellos es miembro del organismo, pero Maria precisó que el artículo 32 («los miembros del IME no percibirán ningún tipo de sueldo, salvo los gastos que puedan derivarse del ejercicio de su cargo con el acuerdo previo del consejo rector») no impide que sean contratados para realización de estudios. Uno de ellos, en efecto, ha cobrado por estos encargos 81.391 euros. «El artículo no prohíbe contratar estudios a miembros del IME, son trabajos puntuales, desde siempre se ha hecho así», respondió.

Falta por examinar si alguno de esos estudios es contratado repetidamente por más de un año, lo que sí podría dar lugar a fraccionamiento de contrato. Ayuso citó también el caso de Jesús Cardona, el arquitecto investigado por la Oficina Anticorrupción junto con Miquel Maria. El importe facilitado por el IME a la Oficina Anticorrupción no coincidiría con el que aparece en el listado ahora público.

Ayuso, envalentonado por el triunfo político logrado, además de animar al equipo de gobierno a practicar la transparencia se atrevió a sugerirles que no manipulen el informe que la Oficina les ha pedido para tomar las medidas a que dé lugar, «hay más casos como el del señor Cardona», les espetó.

Criticó además que Maria le respondiera que había dado orden de crear los listados de contratos desde que los pidió Ayuso. Le pareció una concesión gratuita y fuera de lugar, «¿eso es transparencia?», le cuestionó, «basta con cumplir la ley».

Maria, por su parte, le acusó de haber creado un contexto desgradable, «me ha acusado personalmente y ha extendido dudas, ha calumniado a personas, alguna le ha contestado, y ha denigrado el IME», se defendió.

El debate venía a cuento de una moción aparentemente inocente en la que no pedía más que ofrecer la información completa sobre los procesos de contratación en el IME y la actualización de los contratos menores. No tuvo suerte, se la tumbaron, pero los contratos de momento son visibles.

El apunte

Un informe remite a otro informe para responder a Anticorrupción

¿Cuándo dispondrá la presidenta del informe encargado para responder sobre las medidas que ha de adoptar a resultas de la investigación de la Oficina Anticorrupción?

Las conclusiones de la investigación las recibió Susana Mora el 2 de febrero y el día 9 encargó un informe jurídico para poner fundamento a las decisiones que haya de tomar. Un mes después, el 10 de marzo, tuvo en sus manos ese informe, pero este sugiere realizar otro estudio jurídico, se supone que más solvente, para saber qué hacer.

«No hay declaración de delito de manera definitiva», respondió la presidenta, quien prometió difundir ese nuevo informe en cuanto disponga del mismo.

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