El conseller de Economía y Territorio, Josep Pastrana, declaró este martes en respuesta a la postura de la Associació d'Hortals que, desde el departamento de Ordenación Territorial, se ofrece asesoramiento y apoyo a los residentes en estas zonas de hortales, para que se constituyan en asociación, e insistió en que «lo coherente es que cada núcleo tenga la suya» e impulsen así sus planes especiales, pese a entender que toda esta tramitación «es complicada». En opinión del conseller, los propietarios de viviendas en zonas de huertos están ante «una oportunidad única que deberían aprovechar, son los primeros interesados en ponerse de acuerdo».
Pastrana asegura que la voluntad política para que se regule y resuelva este problema urbanístico existe, pero también insistió en que debe ser el conjunto de propietarios «con apoyo logístico y asesoramiento» del Consell si es necesario, quienes promuevan los planes para la regularización de los hortales, «la casuística es diversa, son ocho municipios, pero las normas del juego están bien trazadas», señaló.
En este sentido recordó que con la revisión del Plan Territorial Insular (PTI) se incorporaron plazos para este proceso de regularización, «fue una novedad en cuanto a la oportunidad de regularizar los hortales». El plan otorga un plazo de un año para la constitución de una junta de propietarios de cada ámbito y de dos años para que se dé cuenta del incio del plan especial. Si esos tiempos se incumplen el Ayuntamiento puede elaborar el documento y si el Consistorio tampoco lo hace, pasados cuatro años, el Consell puede subrogarse la potestad de elaborar el plan especial. Los plazos se amplían así de dos a seis años.
Revisión del PTI e informes
La aprobación definitiva de la revisión del PTI sigue pendiente de los informes de la Comisión Balear de Medio Ambiente y de Costas, informó Pastrana. No obstante el Consell confía en contar con los informes preceptivos en breve, ya que ambos organismos cuentan con un plazo de seis meses para informar y este se está agotando: la institución presentó toda la documentación el pasado septiembre y en enero, pasados dos años desde que se publicó la aprobación inicial de la revisión del PTI, la medida cautelar de suspensión de licencias decayó y volvió a estar vigente el plan de 2003. «En paralelo a esta espera mantenemos contactos continuos con Medio Ambiente y Costas, nuestro objetivo es que se apruebe definitivamente dentro de esta legislatura», asegura el conseller.