La decisión de enterrar los residuos al menos durante los tres meses en los que el horno crematorio quedó fuera de funcionamiento fue de la UTE, que advirtió que debía llevarse a cabo una reparación completa. Pero el Consell estaba informado del problema y del cambio producido en cuanto al destino de los residuos animales.
Lo constata también el informe del auditor al recoger las explicaciones de la gestora. Recuerda esta que al ser detectada la avería, se alquiló una cámara frigorífica adicional a la que ya tiene con el doble de capacidad para almancenar los sandach. Una parte de los residuos se incineró posteriormente una vez reparado el horno y otra parte, «con el conocimiento del Consorcio de Residuos y Energía de Menorca», precisa la UTE, se tomó la decisión de depositarla en el vertedero «y así se informó puntualmente en los informes mensuales de seguimiento y control de servicio». Esta situación duró lo que tardó en ser arreglado el horno incinerador.
No se desprende de esa explicación que la empresa responsable de la gestión pretenda eludir su responsabilidad, pero sí deja claro que el Consell, mayoritario en el citado Consorcio, era conocedor de cuanto venía sucediendo en el recinto de Milà. El Consorcio, del que forman parte también los ayuntamientos, es titular de las instalaciones y el responsable en último término.