El PTI de 2003, es la biblia para la izquierda. Se convierte en el espejo de casi todo, de la conservación y de la economía. Se ha mitificado su trascendencia. Hay algunas coincidencias en su aprobación con la del nuevo PTI, de ayer, y varias diferencias porque los retos han cambiado. El primer PTI se aprobó el 25 de abril, sin consenso, con los partidos PSM y EM presumiendo de la iniciativa, en la que tuvo mucho que ver la socialista Maria Lluïsa Dubón. Se aprobó justo un mes antes de las elecciones, en el último pleno, como ayer. Joana Barceló estaba en ese momento enfrascada en evitar una ruptura institucional con el ayuntamiento más crítico, el de Ciutadella, donde la sociedad Casasnovas & Casasnovas campaba a sus anchas. Entre las diferencias, una anécdota. Dos días antes, Miquel Àngel Maria, ayer vicepresidente del Consell, ganaba el XII Premi de Narració Curta Illa de Menorca, con «Mort a l'atzar», un relato de ficción sobre el asesinato del presidente del Consell. Todo cambia y todo vuelve. Pero la diferencia esencial de estos 20 años es que hay nuevos retos a los que se ha de responder, como el de la vivienda, el alquiler turístico y la masificación turística, los hortals.
El consenso, imposible, es una cuestión deseable pero secundaria. Solo se produjo en abril de 1987 cuando se aprobaron los criterios de ordenación territorial, el documento precursor del PTI de 2003. Cuando se aprobó ese PTI, José Seguí (PP) avisó de que duraría poco y sería cuestionado en los tribunales. Lo cierto es que ha durado 20 años, con diez de prórroga, y ha ganado la mayoría de litigios, aunque en 2006 el Consell lo modificó para desactivar algunas de las principales amenazas indemnizatorias, pero no todas, como se vio en Cesgarden y Princesa Son Bou. Quizás el PTI que se aprobó ayer habría podido resolver el riesgo de indemnización con dinero público que representa la orden contra el parque acuático de Biniancolla y un posible caso por los hoteles de Meliá de Son Bou. A veces se olvida que un PTI no es solo una tabla con los diez mandamientos, sino un instrumento para gestionar los usos del territorio.
El nuevo PTI parte de un modelo no consensuado pero asumido por casi todos. La conservación, de forma genérica, parece una premisa consolidada. Las discrepancias, están, como siempre, en lo que se refiere a la economía. Los partidos de izquierda creen más en definir bien los límites, para que no se traspasen. El PP quiere favorecer la actividad con menos restricciones, más alquiler turístico y más usos para el campo para incrementar la renta agraria.
El futuro del nuevo PTI dependerá también del resultado de las elecciones del domingo. Quién sabe si durará 20 años o una semana.