Propietarios sin vivienda y al borde de quedar en la calle pese a tener en propiedad un piso en Maó. Así es como se define ahora un matrimonio residente de Menorca que, junto con sus dos hijos de dos y cuatro años, se encuentran en una situación desesperante sin hallar a alguien que les arroje un poco de luz. Tras estar un año y medio viviendo en el extranjero para aprovechar una oferta laboral, han vuelto a la Isla pero no en las condiciones que esperaban. «Estamos viviendo los cuatro en una habitación de 3x3 metros con el equipaje que trajimos, en el piso de unos amigos que nos están haciendo un favor», relata Gonzalo Romero, padre de familia.
Hace cinco años compró, junto con su mujer, un piso en la calle San Manuel de Maó. Gonzalo se encargó personalmente de reformarlo y convertirlo en un hogar para él y su familia con tres habitaciones y dos baños. Hace un año y medio se trasladaron a Ecuador por motivos laborales y «tal y como está la situación por falta de vivienda no quisimos dejar la nuestra vacía», reconoce Gonzalo. Decidieron alquilar el piso a un «precio razonable», 500 euros mensuales más los gastos por servicios. «Una de las condiciones que pactamos con el inquilino fue que, si en algún momento volvíamos, queríamos el piso de vuelta», explica. Una condición que tanto él como la persona que iba a ocupar su piso firmaron «sin problemas» en el contrato y que deja por escrito el derecho del arrendador a recuperar su vivienda en caso de necesidad.
Una necesidad que surgió hace tres meses, a mediados de marzo, y que Gonzalo se encargó de comunicar vía telefónica al inquilino del piso. «Nuestra economía no iba bien y teníamos que volver a Menorca, le dije que íbamos a necesitar el piso y que, por favor, empezara a buscar otra vivienda», asegura Gonzalo. «Me dijo que no había ningún problema, que buscaría otro piso», afirma. Esa respuesta por parte del inquilino les animó a comprar billetes de avión para la primera semana de junio, pasados los dos meses de antelación desde que se efectuó el aviso y que se consideran imprescindibles para que el propietario, además de cumplir con otros requisitos, pueda recuperar la vivienda arrendada por causa de necesidad.
Asesoramiento legal
Dos días antes de llegar a la Isla, la familia volvió a ponerse en contacto con el inquilino para concertar una cita para la entrega de llaves. «Entonces nos dijo que no encontraba piso y que no se iba a ir», cuenta Gonzalo, que además critica que el inquilino «nos debe una mensualidad y 700 euros de los gastos por servicios». La familia, que sigue pagando la hipoteca del piso, ya ha puesto el caso en manos de abogados y ha acudido a los servicios sociales para disponer de un informe de vulnerabilidad que les sirva de apoyo en caso de tener que continuar con el proceso legal y emitir una demanda de desahucio. «La ley no nos ampara. Cuando los derechos de los propietarios son vulnerados, quedamos desprotegidos», lamenta Gonzalo.
Lo primero ya lo hizo mal, tenía que notificarlo por burofax, las palabras se las lleva el viento.