Las compañías aseguradoras están reaccionando a la psicosis social contra la okupación con el desarrollo de pólizas específicas en los seguros del hogar para cubrir los daños que puedan ocasionar a los propietarios este tipo de contingencias. Y eso a pesar de que las últimas cifras indican un importante descenso de los casos tanto a nivel estatal como autonómico.
Compañías como Línea Directa, Securitas, Allianz, Axa, Mutua Madrileña o Santalucía han introducido en los últimos meses este tipo de pólizas en su oferta de servicios, espoleados por el revuelo generado por la aprobación definitiva el pasado mayo de la Ley de Vivienda estatal y en especial del punto que prolonga hasta los dos años el plazo legal para expulsar a un okupa o un inquilino moroso en el caso de que se consideren vulnerables.
Así, dichas pólizas ofrecen coberturas como la de hacerse cargo del total o parte de las facturas en consumo energético o de agua durante un plazo variable, compensaciones económicas por no poder alquilar la casa o los gastos en reacondicionar la vivienda cuando ésta es finalmente desalojada, así como asesoramiento jurídico.
Caída de casos
Mientras, las cifras de viviendas okupadas muestran un descenso en el último año, tanto a nivel estatal como balear, después de los máximos alcanzados en 2021. Los datos del Ministerio del Interior revelan un descenso de casos del -3,2 por ciento a nivel estatal en 2022 (16.726) y del -20 por ciento en Balears. En las Islas se pasó de las 509 denuncias de 2021 a 405 el año pasado.
Por otra parte, el primer cuatrimestre de 2023 indica un incremento del 11 por ciento (con un total de 152 denuncias) con respecto al mismo periodo de 2022 (136), aunque sigue representando un descenso del -26 por ciento frente a 2021 (206). A nivel estatal sí que ha habido un descenso de enero a abril tanto respecto al mismo periodo de 2022 (-12 por ciento) como al de 2021 (-15 por ciento).
Cabe matizar que las estadísticas del Ministerio del Interior no discriminan entre los dos tipos penales que conforman este fenómeno: el allanamiento de morada y la usurpación del derecho de uso de un inmueble. Es decir, okupas que entran por la fuerza en la casa o inquilinos que dejan de pagar (corresponde a los órganos judiciales realizar a posteriori la distinción en cada denuncia). En ese sentido, acaban siendo mucho más numerosos los casos de usurpación que los de allanamiento.
‘Inquiokupación'
La «inquiokupación», inquilinos considerados vulnerables que dejan de pagar el alquiler, es otro fenómeno en auge. La Asociación de Afectados por la Okupación estima en el 70 por ciento el total de los casos de viviendas okupadas por esta modalidad.
Las medidas contempladas en el recetario de Marga Prohens para frenar la okupación incluyen el impulso de un protocolo de intervención rápida coordinado entre las diferentes administraciones para el desalojo de okupas y la recuperación de la propiedad en las primeras 24 horas. También contemplan la creación de una Oficina de la Defensa de Propiedad privada, así como la exención del pago de tasas, impuestos o suministros municipales al propietario del inmueble.