Ni la distancia de seguridad ni la mascarilla. La cita previa es el último resquicio de la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19 que llegó para evitar aglomeraciones y que, pasados tres años desde la declaración de la pandemia, se mantiene como una diligencia obligatoria para acceder a la mayoría de las oficinas públicas y resolver diferentes procedimientos. Lo que nació como una medida excepcional para agilizar los trámites y evitar esperas en los organismos se ha convertido en el modus operandi de los diferentes niveles de la Administración Pública (estatal, autonómico y local). A pesar del fin de la emergencia internacional por el Covid-19 decretado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 5 de mayo y el fin de la crisis sanitaria declarado por el Consejo de Ministros dos meses más tarde, el 4 de julio, la obligatoriedad de solicitar la cita previa para ser atendido en la Delegación del Gobierno en Menorca, la Seguridad Social y la Agencia Tributaria, entre otras instituciones, se mantiene intacta.
Lograr encontrar un hueco en las webs institucionales para ser atendido en las diferentes oficinas que requieren cita previa sigue siendo, en este sentido, un auténtico quebradero de cabeza en algunos casos. Por poner un ejemplo, a día de hoy (ayer) no es posible reservar a través de internet una hora para ser atendido en la Delegación del Gobierno en Menorca. No hay citas disponibles y los funcionarios solo atienden a quien acude con un horario de atención adjudicado, aunque fuentes del Ministerio de Política Territorial mantienen que las personas mayores o con especiales dificultades para solicitar cita pueden dirigirse a la sede sin tener reservada una hora, así como cualquier otro ciudadano que tenga una urgencia.
Para ser atendido en las oficinas de la Seguridad Social las demoras se alargan hasta el mes. Las dos únicas citas disponibles en la página web son, por el momento, a las 13 horas y a las 14 horas del 24 de agosto. Precisamente este organismo es uno de los que más quejas acumula por el colapso que hay a la hora de tramitar una pensión o una baja de maternidad, entre otras prestaciones. De hecho, el Defensor del Pueblo ha llegado a reclamar a la Seguridad Social que resuelva las dilaciones ante las sucesivas quejas de los usuarios.
Sin previsión de eliminarla
En la Agencia Tributaria también se mantiene la cita previa y se prevé que se extienda en el tiempo. Sin embargo, informan los trabajadores, se atiende a los ciudadanos mayores de 65 años que acuden sin tener reservada una hora. En el Servicio de Ocupación de las Illes Balears (SOIB), dependiente de la Administración de la Comunidad Autónoma, siguen organizando el trabajo en función de la cita previa y desconocen si la medida permanecerá o desaparecerá próximamente. Aun así, aclaran que todas las personas son atendidas, con o sin cita previa.
El apunte
Una práctica sin cobertura legal según los síndicos de greuges
El presidente del Consell insular, Adolfo Vilafranca, mantuvo ayer un encuentro institucional con la Sindicatura de Greuges de Menorca. Vilafranca se reunió con los síndicos que forman parte de este organismo (Maria Josefa Gil, Maria Coll y Alfredo Benosa) para tratar, entre otras cuestiones, la realidad de la cita previa. Es este, precisamente, un tema que en reiteradas ocasiones ha sido motivo de pronunciamento por parte de la Sindicatura de Greuges, que ha abogado públicamente por eliminar la cita previa. En el último encuentro de Sindicaturas y Defensores de la Ciudadanía de Balears, los síndicos de greuges de Menorca defendieron que ninguna ley ni norma de rango inferior ampara esta fórmula de atención. En este sentido, concluyeron que la cita previa podía ser vista como una limitación de derechos que impide el acceso libre a los servicios públicos. «La cita previa no está regulada, la cita previa obligatoria no es legal, por tanto, no es exigible. La cita previa puede estar vulnerando derechos porque dilata plazos en derechos fundamentales como empadronamiento, atención social o trámites legales», afirmaron.