Marta Vidal Crespo (Barcelona, 1977), la abogada especializada en derecho administrativo y urbanístico que hace ocho años iba a renovar el PTI de Menorca, es la encargada ahora de diseñar el modelo territorial de Balears. Desde la mejora del acceso a la vivienda al transporte público. Mientras todos llenamos las playas, ella renuncia a sus vacaciones para poner los cimientos de la conselleria que le ha confiado la nueva presidenta autonómica Marga Prohens.
Ya ha llovido desde que dejó de ser consellera en Menorca. ¿Qué ha hecho desde entonces?
-Dejé el cargo en mayo de 2015 y, casi de inmediato, me convertí en consejera del Consell Consultiu de Balears, una experiencia fabulosa que me ha enriquecido. También he tenido un hijo, el tercero, y, como estaba aburrida, abrí despacho en Menorca y Palma. Todo fabuloso. Pero decidí no renovar mi cargo en el Consultiu y seguir haciendo de mamá y con mi despacho hasta que, sin irlo yo a buscar, me han vuelto a colocar en el candelero. Y, con un gran esfuerzo económico, personal y profesional, aquí estoy.
Con nuevo cargo y en el Govern. ¿Cómo afronta esta nueva etapa?
-Con ilusión. Precisamente porque he sido funcionaria y política de una institución territorialmente más pequeña, sé de los problemas con la administración a los que se enfrentan los ciudadanos y arquitectos. Y quiero aportar mi grano de arena para darles seguridad jurídica, para que las leyes sean más claras y propiciar un escenario mejor para que los jóvenes se puedan emancipar antes y las familias de clase media puedan volver a aspirar a comprarse un piso.
Y eso que la situación de la vivienda en Menorca no es tan grave como en el resto de las Islas.
-Aún no, pero sí que es importante ir cambiando densidades para que de superficies de 400 y 500 metros puedan salir pisos de 60 o 70 metros cuadrados y a precios asequibles. Esto es, a unos 120.000 o 130.000 euros, unos precios más que interesantes para la realidad que ahora está viviendo el mercado inmobiliario. De hecho, no haremos ninguna intervención que no sea para favorecer que se construya más vivienda protegida o de promoción privada, pero siempre a precio tasado.
Así se implica a los promotores y constructores.
-Sí, pero siempre poniéndoles un tope en el precio para no alentar la especulación. Son medidas que permiten que el sector privado nos ayude y sin que eso acarree ningún coste para el Govern.
¿Y qué van a hacer con los edificios vacíos?
-Permitiremos pequeños cambios de uso y otras medidas para crear vivienda que aún estamos consensuando con los consells y la federación de municipios. El problema es tan dramático, sobre todo en Mallorca y las Pitiüses, que hemos decidido quedarnos sin vacaciones para diseñar la planificación estratégica a seguir, un decreto que vamos a aprobar en las próximas semanas.
El Ibavi ha ido impulsando promociones de forma descompensada en la Isla, con muchos proyectos en Maó y ni un solo solar cedido en décadas en Ciutadella.
-Por eso, nos hemos ocupado de identificar todos los suelos municipales vacantes y de enviar la relación a cada Consell insular para que pueda trabajarlo con los respectivos municipios y decidir qué solares son aptos para destinarlos a vivienda pública. Ponemos todos los recursos del Govern a disposición de las restantes administraciones para poder avanzar.
¿Qué opina del nuevo Plan Territorial Insular de Menorca, aprobado justo antes de las elecciones?
-No me corresponde opinar ni valorar. Bastante tengo ya con cuidar de mi nuevo jardín para meterme en el de otros.
En cualquier caso, ¿incidirá desde el Govern para que se modifique?
-Soy la consellera balear y daré el máximo respaldo a las medidas que decida tomar el actual gobierno del Consell. Es el caso de la modificación de la Ley del Camí de Cavalls para que puedan ofrecerse servicios a los excursionistas durante el recorrido. La idea es respetar la potestad de cada consell y de cada municipio para agilizar desde el Govern todos los cambios normativos que precisen. El presidente Adolfo Vilafranca ya me ha anunciado diversas modificaciones que pretenden llevar a cabo y daremos el máximo respaldo para que pueda materializarlas.
-El ‘sudoku' urbanístico de Son Bou, que condenó al Consell a abonar indemnizaciones millonarias, sigue sin resolverse.
-Pero confío que, con el cambio de gobierno, el Consell sí pueda solventarlo.
Se ha anunciado que ha dado con la vía para legalizar los núcleos de hortals que, desde hace décadas, han crecido de forma descontrolada en suelo rústico, especialmente en Ciutadella. ¿Cómo lo logrará?
-Manejo una conselleria enorme, gigantesca y que no dará pie a ninguna clase de comentarios que no provengan de fuentes oficiales. Todo lo que no salga de la conselleria son rumores. Es cierto que tenemos el tema sobre la mesa y que es un asunto complejo desde un punto de vista legal y ambiental, pero todavía no se ha tomado ninguna decisión. Ni la comunicaremos hasta que no hayamos consensuado la diagnosis y la solución con todos los agentes, también con las formaciones ecologistas.
Hablemos de transporte público. El anterior gobierno del Consell dejó pendiente la renovación de las concesiones para poner en marcha nuevas líneas de bus, pero se quejó del reparto desigual de recursos por parte del Govern. En Menorca no hay tren ni metro.
-Nos hemos encontrado una comisión de transporte creada, pero que no se reúne desde el 2020. Y estamos rehaciendo los estatutos del Consorci de Transports de Mallorca para que también pueda acoger las demandas de las restantes islas. Es el caso de la nueva estación de autobuses de Ciutadella, que me han puesto sobre la mesa tanto desde Serveis Ferroviaris de Mallorca como desde la presidencia del Consell de Menorca. Tomamos nota de todo y, una vez completada la diagnosis, pondremos en práctica las iniciativas de común acuerdo con las administraciones implicadas..
¿Habrá integración tarifaria entre todas las Islas para que una misma tarjeta pueda servir indistintamente en Menorca o Mallorca? ¿El transporte público seguirá siendo gratuito?
-Demasiadas preguntas aún sin respuesta, pues estamos en plena fase de análisis. Pero ya le digo que va a ser difícil mantener la gratuidad actual del transporte, que ha ayudado a aumentar mucho los usuarios, pero no las frecuencias. Hay que analizar los riesgos de cualquier medida sin que un titular suculento nos haga desnortar. Somos una conselleria eminentemente técnica, con abogados, ingenieros y arquitectos, y nos estamos volcando para trabajar de forma transversal en tomar las mejores decisiones posibles.