Dos bloques de pisos conectados entre sí en Maó con unos 50 inquilinos han salido a subasta por valor de 17.864.800 euros y el anuncio en el Boletín Oficial del Estado (BOE) genera inquietud a los vecinos.
Familias con niños, matrimonios mayores y parejas jóvenes que viven en el lugar en régimen de arrendamiento son algunos de los afectados, que están a la espera de ver cómo concluye la subasta judicial por vía de apremio, un procedimiento que constituye la última fase de la ejecución hipotecaria y que tiene como objetivo conseguir liquidez de los bienes embargados para cumplir con las deudas pendientes.
El procedimiento, según consta en el edicto, se ha iniciado a instancia de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) contra una sociedad limitada con sede en Es Castell «en reclamación de 16.567.018,12 euros en concepto de principal e intereses ordinarios y moratorios vencidos, más otros 4.970.105,43 euros que se fijan provisionalmente en concepto de intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y las costas de esta, sin perjuicio de su posterior liquidación».
El BOE publicó el anunció de la subasta el 9 de junio y el concurso quedó abierto el pasado 12 de septiembre. Las ofertas pueden presentarse hasta el próximo 2 de octubre y, al menos hasta ayer, la subasta que gestiona el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Maó no ha recibido pujas.
Sin derecho de permanencia
Los datos del bien subastado, que es el edificio constituido por estos dos bloques de pisos situados entre las calles de Maria Lluïsa Serra y Pintor Calbó, especifican en el apartado de situación posesoria que hay personas, distintas del dueño actual del bien, que ocupan el inmueble sin derecho de permanencia. Sobre esta cuestión, el edicto también indica que las distintas viviendas que integra la finca urbana están «ocupadas por arrendatarios en virtud de sus respectivos contratos de arrendamiento de vivienda, respecto de los que se podrá ejercitar la acción de resolución prevista en el artículo 13 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para su desalojo».
Con base en lo que dicta el artículo 13 de la LAU, los contratos de vivienda subsisten a las ejecuciones hipotecarias durante el plazo mínimo de duración previsto en la ley, cinco años en el supuesto de que el arrendador sea una persona física y siete en el caso de que sea una persona jurídica. Además, cuando los contratos prevean una duración superior a cinco o siete años y estén inscritos en el Registro de la Propiedad con anterioridad a la hipoteca, el adjudicatario deberá respetar la totalidad del plazo de duración pactado por las partes.
En manos de un abogado
«No nos pueden echar de un día para otro», defienden algunos de los vecinos afectados con los que ha podido hablar este diario. Están preocupados y, desde que les notificaron la situación, han puesto el caso en manos de un abogado. Van todos a una, afirman, porque todos los pisos, indican, están ocupados. A pesar de la intranquilidad por no saber hasta dónde llegará este proceso, se acogen tanto a lo que marca la ley como a la duración del contrato que firmaron para justificar su permanencia en el inmueble.
«Buscaremos las leyes que hagan falta para defender nuestros derechos», insisten, ante el temor de quedarse sin alojamiento. «No tenemos adónde ir», reconocen. En el Juzgado, dicen, les han asegurado que si pagan las mensualidades, el contrato que firmaron seguirá siendo válido en el caso de que la propiedad pase a otras manos. «Luego ya se verá. De momento, nosotros pagamos el alquiler pactado, pero por lo visto el dinero no está yendo a parar a subsanar la deuda del propietario», expresan, al mismo tiempo que denuncian la falta de celeridad del dueño para resolver averías en la infraestructura.
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