El Ayuntamiento de Ciutadella sospecha que la antigua gestora del cementerio nuevo, Edifincas Menorca, ha venido lucrándose de forma irregular desde el mismo momento que en 2005 expiró la concesión y no solo entre 2018 y 2021, cuando se constató que se habían vendido un mínimo de 23 sepulturas entre los propios socios, familiares y personas afines a la inmobiliaria.
Antes de las elecciones, el anterior equipo de gobierno abrió, a instancias de Ciudadanos, un expediente a la concesionaria, que ha terminado devolviendo al Consistorio otros 23 nichos en compensación por los que se quedó para venderlos de forma ilegítima. Pero fuentes municipales creen que se trata solo de la punta del iceberg de un negocio que, de forma reiterada y sin el debido control por parte de la administración, Edifincas habría llevado a cabo para seguir comerciando de manera fraudulenta con los títulos funerarios, aún cuando tiene prohibida formalmente esta práctica desde hace 18 años.
De hecho, la empresa estaba obligada al término de la concesión a entregar al Ayuntamiento todos los terrenos, instalaciones y las sepulturas que no se hubieran vendido. Sin embargo, en el acta de entrega no figuraba ninguna unidad de enterramiento, dando a entender que se habían vendido todas. Pero al menos 23 se vendieron con posterioridad, y no son las únicas.
El número, indeterminado, de transmisiones se habría formalizado una vez agotada la concesión. Los administradores de Edifincas las habrían seguido explotando, incumpliendo así el contrato vigente desde 1991, cuando se puso en marcha el nuevo cementerio.
Los técnicos municipales no han calculado el importe exacto de las 23 sepulturas que ya se ha constatado que se hurtaron al bien público, pero el valor de cada una de ellas puede alcanzar hasta los 23.000 euros que cuesta un panteón medio en el camposanto. Lo que sí han hecho es resaltar los claros «indicios penales de fraude» y «enriquecimiento ilícito» que se deducen de la actividad de la empresa, hasta el punto de proponer que los hechos sean denunciados ante la Fiscalía.
Pero los políticos que conforman el nuevo gobierno municipal en minoría prefieren ser más comedidos, al menos de momento. «No descartamos emprender la vía judicial y llevar la causa a los tribunales, pero antes agotaremos todas las opciones para que la empresa reaccione», dice la concejal Àngels Torres. «Iremos a las buenas para alcanzar un acuerdo e intentar recuperar así este patrimonio de todos».
Claro que el primer requerimiento de información documental que el Consistorio formuló a la empresa en marzo ha resultado nulo. En los dos meses de plazo, Edifincas no ha dado respuesta a la petición municipal, que sopesa requerir de nuevo a la antigua concesionaria para que detalle todas las operaciones de compraventa realizadas desde que en 2005 expiró el contrato, y no solo las 23 transmisiones intervivos ya detectadas estos cinco últimos años.
«Todo el proceso ha sido irregular», remarca la concejal, quien culpa también de ello a los anteriores gobiernos municipales «que durante tantos años han permitido y pasado por alto estas prácticas fraudulentas». Unos presuntos ilícitos que, «a su debido tiempo», también podrán recibir el oportuno procedimiento sancionador.
«La empresa tiene el deber de dar facilidades y colaborar», apunta Torres quien advierte que, «en caso contrario, deberá ser el propio ayuntamiento el que investigue. Será muy laborioso ver qué nichos se han vendido y a quién, pero es un proceso que vamos a llevar a cabo de todos modos si la empresa no colabora para constatar el alcance real de las irregularidades».
El reglamento en vigor prohíbe que una sola persona pueda ostentar más de dos unidades de enterramiento. No obstante, según se desprende de la documentación municipal, el administrador de Edifincas al menos se apropió de tres, uno de sus socios de siete y un trabajador puso cuatro a su nombre.
El administrador de Edifincas: «¿O es que un familiar mío no puede comprar una sepultura?»
El administrador único de la empresa Edifincas Menorca, Francesc Cavaller, niega que se haya comercializado con las sepulturas, «pues las entregamos como correspondía al Ayuntamiento de Ciutadella. ¿O es que un familiar mío no puede comprar una sepultura?. Tendrá tanto derecho como cualquiera», remarca. Cavaller también dice ser incierto que él o personas de su entorno familiar y laboral posean más de dos unidades a su nombre. «Hace ya mucho tiempo que no tenemos nada que ver con la gestión del cementerio».
El apunte
Ya le quitó la gestión del servicio por sacar y trasladar cadáveres de sus tumbas sin solicitar permiso
El hallazgo de transmisiones fraudulentas es la enésima irregularidad que el ayuntamiento ha detectado en el quehacer de Edifincas, a quien ya rescindió en 2013 la gestión de los servicios funerarios que venía asumiendo desde nueve años atrás en alianza con la Funeraria Bonet.
Entonces, el consistorio revocó la concesión a la UTE formada por ambas empresas en base a un dictamen del Consell Consultiu, que consideraba «acreditadas las múltiples irregularidades» denunciadas por el consistorio y el «incumplimiento culpable» del contrato en el que había incurrido.
El acuerdo de resolución se sustentó en una veintena de infracciones sanitarias que ya habían sido castigadas por la Conselleria de Salut y que motivaron dos sanciones que sumaban 231.000 euros. Las multas fueron luego rebajadas en los tribunales a 171.000 euros al haber caducado una de las sanciones.
La funeraria que entonces gestionaba los dos cementerios de Ciutadella falseó facturas, realizó exhumaciones e inhumaciones y trasladó restos desde el cementerio viejo hasta el nuevo para la incineración de cadáveres sin recabar permiso alguno.
UPCM, el partido creado por el exconcejal Joan Triay, y la Associació en Defensa de sa Propietat jugaron un papel decisivo en la detección de estas prácticas, que desencadenaron la extinción del contrato por parte del ayuntamiento. La UTE recurrió a todas las instancias, hasta llegar al Supremo, que acabó desestimando también el parecer de la inmobiliaria y confirmando la resolución.