El PSOE Menorca ha asegurado este lunes que el presidente Adolfo Vilafranca no podrá ejercer de manera efectiva la representación del Consell de Menorca en el Consejo de Administración de Autoridad Portuaria de Balears, a causa de un «conflicto de intereses» derivado de su relación laboral con Sasga Group.
Así lo ha señalado esta mañana en rueda de prensa el socialista Eduardo Robsy, en relación con la decisión del equipo de gobierno del Consell de asumir la representación en el Consejo de Administración de APB, después de doce años en los que esta responsabilidad se había cedido al Ayuntamiento de Maó. Esta decisión ha sido recibida con enojo por el PSOE de Menorca y fue calificada por el alcalde de Maó, Héctor Pons, como «un desprecio institucional muy importante».
«El problema añadido que vemos con esta decisión, es que supone dejar a los ciudadanos de Menorca sin representación efectiva en el Consejo de Administración de Autoridad Portuaria, porque el presidente Vilafranca se encuentra en una situación de excedencia, es decir, con una relación laboral suspendida pero existente con el mayor grupo náutico de Menorca, que tiene intereses en el puerto de Maó, y donde volverá cuando acabe como presidente», ha denunciado Robsy.
Alto cargo en una empresa del sector
Cabe recordar que antes de acceder a la presidencia del Consell, Adolfo Vilafranca trabajaba como director de Recursos Humanos de Sasga Group, un grupo de empresas que cuentan con una amplia oferta de productos y servicios náuticos en la isla de Menorca.
Por ello, desde el PSOE entienden que Vilafranca «tendrá que abstenerse de manera sistemática en todas las decisiones que tengan que ver con la ordenación del puerto de Maó, y si no lo hiciera caería en un conflicto de intereses», han remarcado.
Así pues, desde el PSOE consideran que «tiene más sentido que nunca» que la representación en el Consejo de APB vuelva al Ayuntamiento de Maó, y aseguran que de lo contrario «Menorca quedará sin ninguna voz en todo lo referente al puerto de Maó y los mahoneses perderán la capacidad de opinar sobre una infraestructura que es esencial y que forma parte de la ciudad».
Elevarán el caso al pleno insular
Por su parte, la portavoz socialista en el Consell, Bàrbara Torrent, ha anunciado que en el próximo pleno insular presentarán una propuesta de acuerdo para que el presidente Vilafranca «reconsidere su postura y opte por ceder este asiento en el Consejo de APB al Ayuntamiento de Maó, como se había hecho hasta ahora». Además, Torrent ha denunciado que la decisión de no ceder la representación al Ayuntamiento de Maó responde a «un uso partidista de las instituciones y a una clara voluntad recentralizadora, que también se ha visto a nivel autonómico».
Por su parte, el 'número 2' del PP de Menorca, Cristóbal Marqués, replicó este lunes al PSOE y negó cualquier incompatibilidad por parte de Vilafranca y tachó las acusaciones de los socialistas de «ridículas». «Se han vuelto especialistas en conflictos de intereses y parece que solo te podrás dedicar a la política si eres del partido socialista», ironizó. Marqués también pidió al PSOE que deje de hacer una oposición «infantil y destructiva y se dedique a hacer propuestas constructivas para solucionar los líos que han dejado en el Consell».
El apunte
Un órgano de gobierno con 16 vocales, uno de ellos del Consell
El Consejo de Administración de la APB es el órgano de gobierno colegiado del organismo. Además del presidente y el capitán marítimo, cuenta con tres vocales de la Administración del Estado, cuatro vocales del Govern, cuatro vocales de los Consells, un vocal de los ayuntamientos y cuatro vocales de las organizaciones empresariales y sindicales. Las dietas de los vocales por asistencia a las reuniones mensuales son de 927 euros, con un máximo de 9.425 euros al año.