En la época álgida de actividad turística, julio y agosto, los inspectores del departamento de Ordenación Territorial y Turística del Consell han levantado solamente una quincena de actas de inspección e iniciado dos expedientes en materia de alquiler turístico ilegal. Es el balance de actuación en temporada alta del reforzado Cuerpo de Inspectores del Consell, que desde el pasado mes de febrero cuenta con siete efectivos. Los resultados de su labor en pleno verano contrastan con las cifras que el propio Consell manejaba el verano pasado sobre el volumen de la oferta ilegal en la Isla, que calculaba en más de 6.000 viviendas.
Las cifras de inspecciones y expedientes iniciados por alquiler turístico ilegal, que salen a la luz pública fruto de las preguntas con solicitud de respuesta escrita presentadas por el conseller del PSOE Eduardo Robsy, contrastan con el conjunto de la actividad inspectora del departamento de Ordenación Territorial y Turística en temporada alta. Entre julio y agosto ha iniciado una cuarentena de inspecciones y ha abierto un total de cuatro expedientes. Dicho de otro modo, la mayoría de actas de inspección levantadas no han sido por el alquiler turístico.
Dos casas
En este sentido, llama la atención que del total de cuatro expedientes sancionadores iniciados entre los meses de julio y agosto, la mitad corresponden a actividades de restauración que no habían comunicado a la autoridad competente un cambio de titularidad de la explotación. Los otros dos se refieren a viviendas de las que se sospecha que han alojado a turistas sin contar con la correspondiente licencia, referentes a sendas propiedades ubicadas en Ciutadella y Es Mercadal.
La lucha contra el alquiler turístico por parte del Consell parece haber sufrido una considerable paralización precisamente en los meses punta de actividad, en la que hay más oferta ilegal disponible y buena parte del negocio anual en juego. Así lo muestran los datos hechos públicos por la propia institución insular sobre la actividad inspectora en los primeros seis meses de este año. De enero a junio se habían iniciado 77 expedientes. El refuerzo de personal de los últimos meses, de cuatro a siete efectivos en menos de un año, parecía reflejarse en un aumento de las inspecciones, pero en julio y agosto la actividad se ha frenado. ¿Por qué?
La consellera de Ordenación Territorial y Turística, Núria Torrent, consciente del escaso balance en los dos meses centrales de la temporada, apunta a una causa, el proceso de estabilización de plazas que está en marcha en el Consell insular. La participación de personal de Inspección en los tribunales que se forman para determinar las plazas ha mermado el número de efectivos disponibles para la inspección turística.
Más inspectores
Torrent explica que este proceso de estabilización está tocando a su fin y confía en que los inspectores del Consell puedan recuperar el ritmo de actuación. Es más, se compromete a seguir reforzándolo. Tiene la intención de sumar a un inspector más antes de que termine el año y quiere llegar hasta los nueve, este último por sistema de oposición, lo que podría retrasar más su incorporación.
Los inspectores del Consell no solo tienen la potestad de actuar cuando reciben denuncias sobre la existencia de oferta ilegal, sino que pueden actuar de oficio. De hecho, en el pasado mandato se anunció la puesta en marcha de un sistema informático para ayudar a detectar las viviendas sin licencia en las plataformas. Además, el Govern anunció que facilitaría a los consells datos de la Agencia Tributaria para detectar la oferta de alquiler ilegal.
El apunte
El PSOE reclama un empujón político y adoptar soluciones creativas
El conseller del PSOE Eduardo Robsy considera que a la vista de las cifras sobre expedientes abiertos contra el alquiler turístico ilegal hay que reclamar al Consell que dé directrices para centrarse en este tipo de oferta turística irregular. Visto que las sanciones contra las plataformas no tienen recorrido judicial, Robsy se fija en el caso de Barcelona, donde el Ayuntamiento logró alcanzar un acuerdo con Airbnb para que el portal compartiese información sobre la oferta que no cuenta con licencia. «Hay que adoptar soluciones creativas», entiende, para poder combatir más efectivamente el alquiler ilegal, lo que permitiría hacer aflorar una mayor oferta residencial.