Un grupo de empresarios reactiva la ampliación del polígono industrial de Ciutadella

Destacados empresarios locales han tomado la iniciativa y pretenden desencallar el desarrollo de nuevo suelo industrial en Ciutadella, bloqueado desde hace más de dos décadas. El veterano empresario turístico Sebastià Triay Fayas ha adquirido algunas parcelas colindantes con el actual polígono y se ha puesto al frente del grupo promotor para conseguir que se reactive la ampliación en 300.000 metros cuadrados, prevista desde finales del siglo XX.

Los empresarios que estos últimos meses han comprado parcelas en el sector B-9 han logrado el respaldo del 70 por ciento de los propietarios afectados para negociar con el Ayuntamiento un cambio en el sistema de gestión que permita acelerar el desarrollo del polígono.

Pretenden modificar el sistema de cooperación, por el que hasta ahora se había planteado la ampliación del polígono de Ciutadella, por el de compensación, que les permitirá ejecutar directamente las obras de urbanización sin intervención municipal.

Así se lo han hecho saber ya a la alcaldesa Juana Mari Pons y al teniente de alcalde de Urbanismo, Joan Benejam, quienes se han comprometido a «agilizar» al máximo los trámites urbanísticos con el convencimiento de que el Consistorio no tiene ahora la capacidad ni económica ni de personal para liderar la ampliación a corto plazo.

El Parlament instó en 2021 al Govern, a instancias de la diputada del PP Asunción Pons, a dar asistencia técnica y económica al Ayuntamiento para poner nuevo suelo industrial en el mercado, pero por ahora no se ha podido comprometer financiación autonómica para el proceso.

De hecho, el sistema de cooperación ha fracasado desde que en 2010 se aprobó el preceptivo proyecto de reparcelación y los sucesivos gobiernos municipales han sido incapaces desde entonces de seguir adelante con la tramitación. Al principio, porque la crisis paralizó la demanda y, después, «por falta de voluntad política» para llevarlo a cabo, según comentan los industriales.

Pero el renacido empuje de los empresarios topa con un nuevo escollo. Si hace una década el problema era la insuficiencia de suministro eléctrico y la necesidad de construir una subestación, ahora, ya solventada esta cuestión, es la recogida de aguas pluviales de la futura zona industrial la que mantiene bloqueado el proyecto. Las inundaciones que hasta hace pocos años se registraban en las inmediaciones del campo de fútbol del Orient y la canalización de urgencia que se precisó para solventar el problema han puesto en sobreaviso a los responsables municipales.

Por eso, se plantea que el ingeniero Alberto Correa modifique el proyecto de reparcelación para que contemple una amplia balsa de recogida del agua de lluvia en el centro del nuevo polígono. La infraestructura, que deberá preveer la canalización correspondiente, será costeada por el Consell insular, con el que ya se han mantenido también unos primeros contactos.

En paralelo, los propietarios de las 125 parcelas de la futura ampliación constituirán una junta de compensación para organizarse y definir las cuotas a pagar, en función de la superficie de cada solar. Esta junta será también la encargada de licitar y adjudicar las obras de urbanización.

La ley obliga a que, una vez construidas las aceras y todas las infraestructuras, se ceda al municipio el 15 por ciento del terreno restante. Pero el Ayuntamiento ya ha perdido buena parte de los solares que le correspondían, puesto que los incluyó en los controvertidos convenios de permuta aprobados por el antiguo gobierno popular de Llorenç Brondo en la primera década del siglo.

El actual gobierno municipal ha declinado efectuar declaraciones públicas al respecto hasta que haya culminado las gestiones para hacer realidad los compromisos contraídos con los empresarios. La alcaldesa Juana Mari Pons prometió en campaña propiciar el desarrollo del sector B-9 para «no frenar la iniciativa privada y atender la demanda de la pequeña y mediana empresa».