El Plan de Control Financiero incluye las auditorías en los entes externos del Consell que el Partido Popular había anunciado al formar gobierno y en las que Vox también estaba de acuerdo. Ahora se concreta que en 2024 serán auditadas las cuentas de ocho organizaciones (entre organismos autónomos, asociaciones, fundaciones, entidades públicas empresariales y consorcios) que mueven anualmente en torno a 33 millones de euros y emplean a más de 420 trabajadores.
Son los siguientes: el Institut Menorquí d'Estudis (IME), el Institut de la Joventut de Menorca (Injove), el Consorci de Residus Urbans i Energia de Menorca, el Consorci Sociosanitari de Menorca, la Fundació Foment del Turisme de Menorca, la Fundació per a Persones amb Discapacitat Illa de Menorca, la Associació Fons Menorquí de Cooperació, y la única sociedad anónima con mayoría de capital insular, el Servei d'Informàtica Local de Menorca.
Todas las auditorías se realizarán sobre la actividad de 2023 y está previsto contratar auditores externos mediante concurso público, dada la carga de trabajo que tiene el servicio de Intervención del propio Consell insular. Se prevé que dicho contrato se pueda licitar en el segundo trimestre del año que viene. El objetivo de las auditorías es verificar que todas las operaciones se han realizado de acuerdo con las normas legales vigentes y se realiza una buena gestión.
De los ocho entes relacionados, el que maneja un mayor presupuesto es el Consorcio de Residuos, con 8,6 millones de euros, seguido de la Fundació de Discapacitat, con 8,1 millones de euros; esta última fundación es la que tiene más personal, supera los 200 trabajadores. Destacan asimismo por los fondos que gestionan la Fundació Foment del Turisme, con cerca de 5 millones, y el Consorcio Socio Sanitario, con 4,7 millones. El IME, con presupuesto propio, mueve cerca de 1,3 millones de euros y tiene en plantilla a dieciséis personas según las cuentas públicas de 2022.
A algunas de las entidades Intervención les ha solicitado, no auditorías completas, pero sí una auditoría para comprobar la regularidad de las contrataciones y subvenciones, que en la fecha de elaborar el Plan estaban pendientes.