El pleno del Ayuntamiento de Maó someterá el jueves a votación la aprobación de la documentación necesaria para levantar la suspensión de la aplicación del PGOU en la urbanización de Sant Antoni, en S'Altra Banda del puerto de Maó, una situación que se remonta a 2010 y que conlleva en la práctica la imposibilidad, desde entonces, de edificar en una docena de parcelas.
Tras un largo proceso administrativo, informa la teniente de Alcaldía de Urbanismo, Dolors Antonio, el Consistorio dispone ya de toda la documentación y los informes necesarios para levantar esta suspensión. Una vez el pleno convocado para el jueves lo apruebe, debe pasar por un periodo de exposición pública, una nueva aprobación en el Ayuntamiento de Maó y la aprobación definitiva por parte del Consell. Antonio admite que ha sido un proceso complejo, que ha requerido incluso la externalización de alguna de las tareas realizadas.
El caso comenzó a finales de 2010, cuando en la revisión del PGOU de 1987, el Consistorio detectó errores en la delimitación de las zonas de protección LIC y ZEPA, que provocaron que se incluyeran en estas figuras de protección ambiental terrenos calificados como suelo urbano en varias urbanizaciones.
La subsanación de esta incidencia ha tenido que pasar por distintas administraciones, hasta la Unión Europea, competente para cambiar las lindes de estas zonas de protección. El proceso se sabía largo y por eso el PGOU se aprobó en 2012 con estas zonas afectadas en suspenso.
En 2018 se trazó sobre el papel la nueva delimitación de Sant Antoni, con la exclusión de las parcelas afectadas, en 2020 se obtuvo el visto bueno de la Comisión Balear de Medio Ambiente y ahora corresponde dar un nuevo paso, que todavía no es el definitivo para que se pueda edificar en estas parcelas.