El Consell ha decidido, como solución provisional, prorrogar un mes la gratuidad del transporte público en la Isla. Lo hizo como reacción inmediata a la iniciativa del Govern que ha optado por ampliar la gratuidad de este servicio público a la espera de conocer si finalmente el Gobierno aprueba una subvención para hacerse cargo del coste de esta ayuda a la ciudadanía.
El Consell había anunciado en septiembre su intención de no extender a 2024 esta medida incluida en el plan de choque que se lanzó en octubre de 2022 para paliar los efectos económicos y sociales derivados de la guerra en Ucrania. Posteriormente, sin embargo, solicitó al Gobierno central que asumiera este dispendio para mantener el servicio gratuito pero aún no ha obtenido respuesta.
El cambio de posición, a rebufo de la decisión del Ejecutivo que preside Marga Prohens, dado que las competencias de Transporte están transferidas a Menorca, se debe a que «no podíamos consentir que los menorquines quedarán por detrás de los ciudadanos de las otras islas», explicó este jueves el conseller de Movilidad, Juan Manuel Delgado.
Así, el Consell asumirá el coste del mes de enero, que estaría en torno a los 200.000 euros, después de consultar con los técnicos y las tres empresas concesionarias los trámites a seguir. «Una vez obtengamos la respuesta de Madrid tomaremos una decisión, pero ahora adoptamos esta prórroga para no dañar a los menorquines», insistió Delgado.
La postura del Consell, en todo caso, se mantiene contraria a la extensión de la gratuidad del transporte generalizado si el Ejecutivo de Sánchez no lo contempla en sus presupuestos. Hasta ahora solo ha anunciado que seguiría siendo gratis para jóvenes y mayores.
El portavoz del Govern, Antoni Costa, reconoció ayer que la subvención de Madrid está en el aire porque los presupuestos generales del Estado no estarán aprobados antes del 31 de este mes y se tendrán que prorrogar. Por eso mismo, no habrá una partida específica para subvenciones al transporte como este año. No obstante, Costa aseguró que bastaría con un «pronunciamiento» del Consejo de Ministros que garantizara la ayuda.