Llorenç Petrus (Alaior, 1951) fue inspector de Educación en Menorca entre 1999 y 2012, justo antes de las manifestaciones del profesorado contra el decreto de trilingüismo (TIL) impuesto por el Govern Bauzà.
¿Ha tenido que actuar alguna vez como inspector porque no se amparaba el derecho de una familia a que sus hijos estudiasen en castellano?
— No. Durante los 13 años que ejercí como inspector en la demarcación de Menorca, nunca tuve que intervenir para obligar a un centro a enseñar en castellano. El curso 2011-12, primero del Govern Bauzá, fue el último de mi vida laboral. Fue a partir de ese momento que empezaron los conflictos en la enseñanza, y el departamento de Inspección Educativa no estuvo exento de ellos. De hecho, todos los centros de Menorca, tanto públicos como concertados, mantenían una actitud positiva para resolver las peticiones de enseñanza en castellano de algunos padres, y la mayoría fueron incorporando a su proyecto lingüístico mecanismos para resolver estas demandas.Desde la Inspección orientábamos y asesorábamos, nos reuníamos con los centros y colaborábamos para atender las peticiones formuladas por las familias.
¿Era una problemática recurrente cada curso?
— Las demandas de enseñanza en castellano eran esporádicas y las formulaban familias que venían a Menorca a vivir. Nosotros fomentábamos, y los centros aplicaban, mecanismos de integración. Puedo asegurarle que prácticamente no había conflicto.
¿Cuáles eran las principales causas que obligaban a mediar a los inspectores?
— En general, las de funcionamiento de los centros en relación a la aplicación de las leyes y la normativa. Las funciones de la Inspección Educativa no solo eran las de controlar, sino que también asesorábamos y asumíamos la supervisión y acompañamiento de los centros.
¿Qué le parece que se gasten 20 millones en hacer efectiva la segregación lingüística?
— La segregación por razones lingüísticas me parece un camino equivocado, pues crea un clima de conflicto innecesario. Lo que debe hacerse es integrar, respetando el derecho de todos. En Menorca y en el resto de la comunidad autónoma funcionaba bien. No hace falta gastar tanto.
¿Y que se gasten 200.000 euros en vigilar y evitar el adoctrinamiento en el aula?
— El adoctrinamiento, sea el que sea, si se produce, debe controlarse y corregirse. Pero en mi experiencia personal no tuve que actuar para corregir situaciones de esta naturaleza. No acabo de entender por qué se debe destinar un dinero específico a este asunto. La Inspección estaba, y estoy seguro que está, para reconducir estas situaciones.
¿Cree que en los centros de Menorca se adoctrina? ¿En qué sentido?
— No sé si se adoctrina, pero creo que no. Sí que pueden darse situaciones concretas que hay que vigilar pero, en general, el profesorado que trabaja en los centros educativos son profesionales preparados y, en muchos casos, comprometidos con un trabajo que tiene una repercusión muy grande en la formación de las personas.
¿Teme que se produzcan movilizaciones, como hace diez años?
— Espero y deseo que no, pero huele mal. El diálogo y el seny son imprescindibles.